El abogado Alejandro Carranza, quien ha representado personalmente al presidente Gustavo Petro, fue denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntamente atribuirse, sin autorización oficial, la representación jurídica del Estado colombiano ante organismos internacionales.

La queja fue presentada por el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y se refiere a supuestas actuaciones de Carranza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI).

Según el documento, Carranza habría intervenido ante la CIDH, en Washington, durante un trámite relacionado con una solicitud de medidas de protección presentada por familiares de Uribe Turbay. En esa actuación, el abogado habría cuestionado lo que consideraba una instrumentalización política del atentado contra el senador, pero sin precisar de manera suficiente que actuaba como abogado del presidente y no como representante del Estado colombiano.

El segundo episodio mencionado en la denuncia está relacionado con una comunicación presentada ante la CPI contra Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central, una disidencia de las Farc. Mosquera cuestiona que el documento utilizara la fórmula “el Estado colombiano por intermedio de su Presidente”, pues, a su juicio, podía proyectar la existencia de una representación institucional no acreditada.

Como sustento de la queja, el abogado aportó respuestas atribuidas al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. De acuerdo con esos documentos, Carranza no tendría contrato ni designación oficial para representar jurídicamente a Colombia en los procedimientos señalados.

La denuncia invoca normas del Código Disciplinario del Abogado y plantea una posible falta contra la dignidad profesional. El Consejo Superior de la Judicatura deberá establecer ahora si el jurista contaba con facultades para intervenir en esos trámites, cuál fue el alcance de sus actuaciones y si estas generaron confusión ante los organismos internacionales.

Hasta el momento no existe una decisión disciplinaria que determine la responsabilidad de Carranza. Las acusaciones deberán ser examinadas dentro del proceso correspondiente, con respeto por el debido proceso y el derecho de defensa.