Medellín aprobó la revisión de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una norma que orientará durante los próximos 12 años el uso del suelo, la construcción de vivienda, la renovación urbana, el espacio público y la gestión del riesgo en el Distrito. El acuerdo fue aprobado por el Concejo de Medellín en la madrugada del jueves 5 de noviembre de 2026, después de más de tres meses de debate y cerca de dos años de preparación.
La principal apuesta del nuevo POT es habilitar la construcción de hasta 222.279 viviendas adicionales, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y ampliar la oferta para hogares de ingresos medios y bajos. Según las cifras presentadas durante el trámite, en la ciudad 38.206 hogares tienen déficit cuantitativo de vivienda.
El acuerdo modifica el POT vigente desde 2014 y ajusta el 78 % de sus artículos. Sin embargo, conserva la clasificación general del suelo urbano, rural y de expansión, así como la estructura ecológica principal de Medellín.
Entre las novedades se encuentran las modalidades de reactivación y revitalización, que se suman al redesarrollo y buscan facilitar la transformación de sectores ya consolidados. También se permitirá una mayor edificabilidad alrededor de las estaciones del Metro y en corredores de transporte, bajo el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte. En esas zonas podrían concentrarse cerca de 113.000 viviendas nuevas.
El plan contempla además incentivos para promover vivienda social en sectores de ladera. Los proyectos asociados con programas del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) o con cajas de compensación podrán aumentar hasta en 50 % el número inicial de unidades, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
La vivienda turística también tendrá nuevas reglas: las unidades destinadas a ese uso solo podrán ubicarse en zonas de alta mixtura y áreas con vocación para el transporte, principalmente cerca de estaciones del Metro. El POT reconoce, además, residencias para estudiantes, profesionales y adultos mayores, vivienda compartida y renta institucional.
La ejecución del acuerdo deberá coordinarse con estudios técnicos de riesgo y con las autoridades ambientales. La meta es impulsar la vivienda y la renovación urbana sin aumentar la ocupación insegura del territorio, un propósito cuyo cumplimiento dependerá de la reglamentación y de la aplicación del plan.
