La Corte Constitucional avaló, con condiciones, la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella después del terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión, contenida en la sentencia C-366 de 2026, respalda el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto y el Decreto 1348, pero limita las facultades extraordinarias a los municipios de Colombia con daños comprobados por el sismo y sus réplicas. El tribunal consideró que la medida es necesaria para atender afectaciones en viviendas, vías, colegios, centros de salud y servicios esenciales, siempre que las acciones mantengan una relación directa con la emergencia.

La emergencia fue avalada, pero no de manera general

La Corte concluyó que la declaratoria cumple las condiciones constitucionales para responder a una grave calamidad pública. Sin embargo, aclaró que su decisión no constituye una aprobación automática de todas las normas que expida el Ejecutivo durante la vigencia de la emergencia.

Cada decreto legislativo deberá ser revisado de manera independiente y tendrá que demostrar que las medidas adoptadas son necesarias, proporcionales y directamente conectadas con los daños ocasionados por el terremoto. En consecuencia, el Gobierno no podrá utilizar esta herramienta excepcional para ampliar de manera general sus facultades ni para atender asuntos ajenos al desastre.

El fallo examinó el Decreto 1261, mediante el cual se declaró la emergencia económica, social y ecológica, así como el Decreto 1348, que modificó el alcance territorial de la medida. La delimitación quedó vinculada a los municipios incluidos como afectados en el Reporte Situacional No. 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

El alcance territorial y fiscal quedó restringido

De acuerdo con la sentencia, cualquier inclusión posterior de otros municipios deberá sustentarse en pruebas técnicas que demuestren daños directamente relacionados con el terremoto del 10 de agosto o con sus réplicas. La sola existencia de necesidades sociales, fiscales o administrativas no será suficiente para extender la aplicación de la emergencia.

La Corte también estableció que los recursos y las medidas extraordinarias no podrán destinarse a financiar el déficit fiscal ni a resolver problemas estructurales o anteriores al desastre. El Gobierno deberá justificar que cada gasto responde a la recuperación de las condiciones de vida, la infraestructura, los servicios públicos o las actividades socioeconómicas afectadas por el sismo.

En particular, el tribunal excluyó el uso de la emergencia para atender situaciones previas del sistema penitenciario y carcelario. Esa posibilidad solo podría considerarse si el Ejecutivo demuestra una relación directa y estrecha con la fase de rehabilitación derivada del terremoto. La decisión busca evitar que la declaratoria se convierta en un mecanismo para financiar políticas públicas sin conexión comprobada con la calamidad.

Hacienda deberá recalcular el costo de la medida

El Ministerio de Hacienda tendrá veinte días hábiles, contados desde la publicación del comunicado de la decisión, para recalcular el costo de la emergencia y establecer cuáles son las adiciones presupuestales estrictamente necesarias. Esta obligación deberá tener en cuenta los límites territoriales y materiales definidos por la Corte.

El tribunal también indicó que las medidas de desarrollo deben responder a las necesidades y condiciones específicas de las comunidades afectadas. En su implementación, el Gobierno deberá prestar especial atención a las personas y grupos sujetos de especial protección constitucional, con el fin de que la recuperación no reproduzca las situaciones de riesgo existentes antes o después del desastre.

La Corte exhortó al Ejecutivo a poner en marcha un plan de recuperación para las zonas afectadas y a planificar la destinación de recursos durante varios años. La orientación supone que la respuesta estatal no debe limitarse a la atención inmediata de la emergencia, sino que debe incluir acciones de rehabilitación y recuperación sostenibles.

Con la sentencia C-366 de 2026, la emergencia continúa vigente dentro de los límites fijados por el tribunal. El Gobierno podrá adoptar medidas excepcionales para enfrentar las consecuencias del terremoto, pero deberá demostrar en cada caso la conexión directa con los daños reconocidos, respetar el alcance territorial definido por la UNGRD y someter cada decreto a su correspondiente control constitucional.

Preguntas frecuentes

¿Qué decidió la Corte Constitucional sobre la emergencia del terremoto del 10 de agosto de 2026?

La Corte Constitucional avaló, con condiciones, la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno. La decisión exige que las medidas tengan relación directa con los daños causados por el terremoto y sus réplicas.

¿En qué municipios puede aplicarse la emergencia?

La emergencia puede aplicarse en los municipios incluidos como afectados en el Reporte Situacional No. 054 de la UNGRD. La inclusión posterior de otros municipios deberá sustentarse con pruebas técnicas de daños directamente relacionados con el sismo.

¿Qué límites fijó la Corte para el uso de los recursos de la emergencia?

Los recursos no podrán utilizarse para financiar el déficit fiscal ni para resolver problemas estructurales o anteriores al terremoto. Además, cada decreto legislativo deberá revisarse de manera independiente y demostrar que sus medidas son necesarias, proporcionales y vinculadas con la emergencia.