La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) quedó bajo escrutinio por presuntas operaciones de espionaje, infiltración institucional y posibles irregularidades en contratos de tecnología durante el gobierno de Gustavo Petro. Las denuncias, divulgadas en noviembre de 2026 por investigaciones de medios de comunicación, se sustentan en documentos internos cuya autenticidad y alcance deberán ser establecidos por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
Uno de los documentos clave es un informe reservado de 26 páginas elaborado durante el empalme de la entidad. Según su contenido, funcionarios de la DNI habrían evaluado instalar micrófonos y dispositivos de geolocalización en vehículos asignados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes.
El informe también menciona posibles intentos de obtener información de entidades como el Consejo Nacional Electoral, la Unidad Nacional de Protección y la Contraloría General. Por ahora, estos señalamientos corresponden a líneas de investigación y no a decisiones judiciales definitivas.
En el caso ya conocido por la Fiscalía aparece Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario del área de tecnologías de la información de la DNI. Oyola fue capturado el 6 de noviembre de 2026, en Neiva, Huila, por orden judicial. La investigación busca establecer si incurrió en los delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos, concierto para delinquir, falsedad material en documento público y fraude procesal.
El ente acusador deberá determinar, entre otros aspectos, si el funcionario realizó una copia no autorizada de bases de datos clasificadas y si tuvo participación en otras operaciones digitales atribuidas a la entidad.
La controversia también alcanzó la contratación pública. El 9 de noviembre de 2026, la Contraloría General anunció actuaciones de vigilancia fiscal sobre cinco contratos de la DNI, por un valor aproximado de 20.783 millones de pesos. La revisión busca establecer si se presentaron fallas técnicas, incumplimientos contractuales o un uso inadecuado de recursos públicos destinados a equipos y tecnología de inteligencia.
Las denuncias fueron difundidas por medios como EL TIEMPO y Noticias Caracol. Las autoridades deberán verificar los documentos, determinar responsabilidades individuales y establecer si las capacidades de la DNI fueron utilizadas por fuera de los límites previstos en la ley.
