María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, acusó durante una intervención en un simposio de seguridad al presidente Gustavo Petro y al mandatario venezolano Nicolás Maduro de ser los presuntos determinadores del asesinato del senador y precandidato presidencial. Tarazona sostuvo que la Segunda Marquetalia habría participado en la organización, la logística y la financiación del atentado, pero pidió que la Fiscalía establezca judicialmente quién impartió la orden y cómo se estructuró la cadena de mando.

Tarazona cuestionó el enfoque sobre la Segunda Marquetalia

Durante su intervención, Tarazona pidió diferenciar entre los responsables materiales, los organizadores, quienes aportaron la logística y quienes habrían financiado el ataque. Según su planteamiento, las capturas de presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia no necesariamente representan el esclarecimiento total del crimen, pues esa estructura habría cumplido funciones operativas sin que ello permita concluir, por sí solo, quién fue el máximo determinador.

La viuda de Miguel Uribe cuestionó que se atribuya de manera directa la orden a Iván Márquez. En ese contexto, afirmó que “quienes dieron la orden” fueron Petro y Maduro, y reclamó que esa hipótesis sea comprobada por las autoridades dentro del proceso penal. Sus declaraciones corresponden a un señalamiento público y no constituyen una conclusión judicial.

Tarazona también utilizó expresiones políticas y calificativos contra los dos mandatarios al referirse a su presunta responsabilidad. Sin embargo, cualquier atribución penal deberá sustentarse en pruebas y ser definida por las autoridades competentes, de acuerdo con las garantías del debido proceso.

Qué ha establecido hasta ahora la investigación

La Fiscalía investiga la posible participación de la Segunda Marquetalia en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. El expediente apunta a una operación organizada y contempla distintos niveles de responsabilidad, entre ellos el autor material, los intermediarios, los coordinadores y quienes eventualmente hayan impartido o financiado la orden.

Entre las personas condenadas por su participación en la planeación o coordinación aparece Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”. Según la información conocida en el proceso, habría actuado como intermediario entre los presuntos determinadores y quienes ejecutaron la operación. Además, uno de los condenados habría señalado a alias “Zarco Aldinever” como la persona que impartió la orden dentro de la estructura armada.

Esta hipótesis hace parte de la investigación sobre la responsabilidad de la Segunda Marquetalia, pero no resuelve por sí sola quién habría sido el máximo determinador del asesinato. La existencia de una cadena de intermediarios tampoco permite atribuir automáticamente la responsabilidad penal a personas que aún no han sido imputadas o condenadas.

Indagaciones contra antiguos integrantes de las FARC

La investigación también alcanzó a antiguos integrantes de las FARC y a dirigentes relacionados con el partido Comunes. La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá”, luego de que la Fiscalía remitiera información para verificar señalamientos sobre una eventual participación en la organización del crimen.

La apertura de una indagación preliminar no equivale a una imputación ni a una condena. Hasta el momento, no existe una determinación judicial que atribuya a Gustavo Petro o a Nicolás Maduro la orden del asesinato de Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía deberá valorar los elementos recopilados y establecer si tienen alcance suficiente para formular nuevas imputaciones o descartar las hipótesis bajo análisis.

Miguel Uribe fue atacado durante un acto político en Bogotá y posteriormente murió como consecuencia de las heridas. Desde entonces, las autoridades han investigado una cadena criminal que incluiría a quienes ejecutaron el ataque, a los intermediarios y a los presuntos responsables de coordinar, financiar u ordenar la operación.

La información sobre recursos procedentes de Venezuela

María Claudia Tarazona también ha entregado a las autoridades información que, según su versión, relacionaría recursos procedentes de Venezuela con la financiación del atentado. Esta afirmación deberá ser corroborada mediante pruebas financieras, testimoniales y documentales dentro del proceso penal.

La eventual existencia de recursos provenientes de otro país no demuestra por sí misma la responsabilidad de un jefe de Estado ni la participación directa de funcionarios o estructuras políticas. Para establecer esa conexión, los investigadores tendrían que determinar el origen del dinero, sus destinatarios, la forma en que fue utilizado y el vínculo entre quienes lo movilizaron y quienes organizaron el ataque.

El caso continúa abierto y las autoridades deben establecer quién ordenó, financió y coordinó el asesinato. Mientras avanzan las indagaciones, las acusaciones de Tarazona contra Petro y Maduro deben presentarse como señalamientos sujetos a verificación, al igual que las hipótesis sobre la participación de la Segunda Marquetalia y de otros dirigentes mencionados en el expediente.

Preguntas frecuentes

¿Qué afirmó María Claudia Tarazona sobre Gustavo Petro y Nicolás Maduro?

María Claudia Tarazona afirmó que Gustavo Petro y Nicolás Maduro serían los presuntos determinadores del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Sus declaraciones son señalamientos públicos y no constituyen una conclusión judicial.

¿Qué papel habría tenido la Segunda Marquetalia en el asesinato de Miguel Uribe?

Según la hipótesis expuesta en la nota, la Segunda Marquetalia habría participado en la organización, la logística y la financiación del atentado. La investigación busca establecer si esa estructura actuó como intermediaria y quién habría impartido la orden final.

¿La justicia ha atribuido a Petro o Maduro la orden del asesinato de Miguel Uribe?

No, hasta el momento no existe una determinación judicial que atribuya a Gustavo Petro o Nicolás Maduro la orden del asesinato. La Fiscalía debe valorar las pruebas y definir si las hipótesis permiten formular nuevas imputaciones o descartarlas.