Un juez remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes las actuaciones públicas del presidente Abelardo de la Espriella luego de la captura de Néider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, realizada en una zona rural de Briceño, Antioquia. La decisión se conoció durante la audiencia de legalización de la captura, en la que el mandatario fue cuestionado por expresiones consideradas “totalmente despectivas” hacia el detenido, mientras él defendió que los operativos se han desarrollado sin vulnerar derechos y conforme a la ley.
Captura de alias “Primo Gay” en Antioquia
Néider Yesid Uñates López fue capturado por el Ejército en una zona rural de Briceño, según reportes de medios que citaron fuentes policiales. Las autoridades lo señalan como presunto cabecilla de una estructura disidente de las Farc que tendría presencia en Antioquia.
De acuerdo con la información oficial citada en el proceso, Uñates López estaría relacionado con homicidios, secuestros, desplazamientos, extorsiones y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública. Sin embargo, estos señalamientos hacen parte de la investigación judicial y no equivalen a una condena. Por esa razón, el detenido debe ser considerado presunto responsable mientras avanza el proceso penal.
Durante la audiencia, la captura fue legalizada y el juez ordenó que Uñates López fuera recluido en un centro penitenciario. Esta decisión avaló la legalidad de la aprehensión, pero no resolvió si las declaraciones públicas del presidente pudieron afectar la dignidad humana o la presunción de inocencia del detenido.
Juez remite actuaciones del presidente
El juez compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que ese organismo evalúe las intervenciones públicas de De la Espriella y determine si existe mérito para iniciar una investigación. Según lo expuesto en la audiencia, las expresiones del mandatario fueron consideradas “totalmente despectivas” y presuntamente lesivas de la dignidad humana de las personas capturadas.
La compulsa de copias no representa una condena, una sanción ni una acusación formal contra el presidente. Se trata de la remisión de información a la autoridad competente, que deberá analizar los hechos y decidir si procede una actuación institucional. Por ahora, no se ha informado que exista una decisión definitiva sobre la conducta del mandatario.
El caso plantea una diferencia entre dos asuntos. Por un lado, la justicia avaló la legalidad de la captura y ordenó la reclusión del señalado integrante de una estructura armada. Por otro, las manifestaciones y actuaciones públicas posteriores quedaron bajo revisión, debido a la forma en que el presidente se refirió al detenido.
La defensa de Abelardo de la Espriella
Después del operativo, el presidente publicó imágenes y mensajes sobre la captura. En una de sus declaraciones afirmó: “Nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado”. También defendió el trabajo de la Fuerza Pública y sostuvo que los capturados conservaron la vida, en una referencia a la actuación de las autoridades durante los procedimientos.
En el mismo mensaje, De la Espriella escribió que alias “Primo Gay” había sido “capturado, procesado y motilado como corresponde”. Además, aseguró que las operaciones continuarían hasta que los criminales entendieran que la autoridad del Estado debía respetarse y que sus delitos no quedarían impunes.
El uso de expresiones despectivas frente a una persona detenida es precisamente uno de los aspectos que deberá examinar la Comisión de Investigación y Acusación. La legalización de la captura no elimina los derechos fundamentales del procesado, entre ellos la dignidad humana y la presunción de inocencia. La evaluación institucional deberá establecer si las declaraciones públicas del mandatario se ajustaron a sus deberes y a las normas aplicables.
Operativos y política de seguridad
El Gobierno presentó la captura de alias “Primo Gay” como uno de los principales resultados de su estrategia contra estructuras armadas y organizaciones criminales. En ese contexto, el presidente también mencionó la detención de alias “Pata de Palo” y otros procedimientos desarrollados en distintas regiones del país.
Según reportes de medios nacionales, la estrategia de seguridad incluye operaciones conjuntas de la Policía, el Ejército, el Cuerpo Técnico de Investigación y el Gaula. También contempla despliegues urbanos coordinados por el Bloque Operacional de Seguridad Urbana. Las entidades han divulgado balances sobre capturas, incautaciones y golpes a organizaciones criminales, aunque esas cifras corresponden a reportes oficiales y deben ser atribuidas al Gobierno.
Mientras avanza la investigación penal contra Uñates López, las autoridades deberán demostrar en juicio los delitos que le atribuyen. De manera paralela, la Comisión de Investigación y Acusación tendrá que definir si abre una actuación por las intervenciones del presidente durante y después del operativo. La remisión de copias mantiene abierto el examen institucional, pero no confirma por sí sola que se haya cometido una violación de derechos.
Preguntas frecuentes
¿Quién es alias “Primo Gay” y por qué fue capturado?
Néider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, fue capturado por el Ejército en una zona rural de Briceño, Antioquia. Las autoridades lo señalan como presunto cabecilla de una estructura disidente de las Farc relacionada con varios delitos, aunque esos señalamientos aún hacen parte de la investigación judicial.
¿Qué decidió el juez sobre la captura de alias “Primo Gay”?
El juez legalizó la captura de Néider Yesid Uñates López y ordenó su reclusión en un centro penitenciario. Esta decisión avaló la legalidad de la aprehensión, pero no equivale a una condena por los delitos que se le atribuyen.
¿Por qué se remitieron las actuaciones del presidente Abelardo de la Espriella a la Cámara?
El juez compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que evalúe las declaraciones y actuaciones públicas del presidente después de la captura. La remisión no constituye una condena, sanción ni acusación formal, sino el envío de información para determinar si procede una investigación.




