La Fiscalía General de la Nación informó a la opinión pública las nuevas imputaciones que adelanta en el caso Odebrecht contra nueve exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), incluido el interventor, por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares.
Según el ente acusador, los llamados a responder “tramitaron y suscribieron sin el cumplimiento de los requisitos esenciales, el otro sí No. 5 al Contrato de Concesión No. 007 de 2010, para la elaboración de los estudios y diseños de la fase III de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano en el departamento de Magdalena” en la Ruta del Sol III.
Los imputados serán: Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, como vicepresidente ejecutivo, y los miembros del Comité Asesor de Asuntos Contractuales: Margarita Montilla Herrera, gerente de asesoría legal de contratación y delegada del presidente en el comité asesor; Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración; Poldy Paola Osorio Álvarez, vicepresidente de planeación, riesgos y entorno; Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de gestión contractual; Juan Gabriel Cisneros Llanos, gerente técnico; Eggna Dorayne Franco Méndez, líder de seguimiento del proyecto Ruta del Sol III (supervisora); y Alberto Barajas Nova, director del consorcio Ruta del Sol, empresa que ejercía la interventoría el Contrato de Concesión No. 007 del 2010,
Por último, Luis Fernando Andrade Moreno quien se desempeñaba como presidente, ya cuenta con una investigación en etapa de juicio y ahora recibirá una nueva imputación.
Cuando el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa asumió el cargo, dispuso la creación de un Grupo de Tareas Especiales, a cargo del coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para concentrar el proceso que estaba disperso en varios despachos fiscales.
En los últimos 33 meses, la Fiscalía ha concertado 31 imputaciones (ya realizadas o en proceso) y ha habido diez sentencias condenatorias contra exfuncionarios, empresarios y ciudadanos extranjeros.
