📸 Imagen cortesía capturada de audiencia de imputación
¿Contratos al borde del abismo?
Este miércoles 9 de abril de 2025, Medellín se sacudió ante la noticia de una imputación que pone en entredicho la administración pasada. La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra tres exfuncionarios vinculados al gobierno de Daniel Quintero Calle, por presuntas irregularidades en un contrato de más de 16 mil millones de pesos firmado en junio de 2023, justo en el cuero electoral marcado por la Ley de Garantías.
Juan Carlos Torres Ojeda, que fue secretario de Movilidad; Rubén Darío López Giraldo, exdirector técnico de Infraestructura Física; y Santiago Ortega Mateos, excontratista, son los señalados. Según la Fiscalía, estos antiguos gestores habrían preferido el camino directo, es decir, un contrato sin concurso público con Metroplús S.A., una maniobra que, a juicio del ente acusador, pasaría por encima de la transparencia y pluralidad que exigen las normas para contratar con el Estado.
El objeto del contrato era ambicioso: adecuar y mantener la malla vial en la comuna 10 y en barrios emblemáticos como Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal. Un paquete de obras civiles, urbanismo y adecuación de andenes. Un trabajo que, en teoría, debería haber recaído en la Secretaría de Infraestructura Física, no en Movilidad.
El proceso habría sido una cascada de omisiones: sin estudios previos completos, sin análisis técnico del sector, sin base presupuestal clara y no registrado en la plataforma oficial SECOP II, una exigencia constitucional para garantizar claridad y acceso público. Para mayor gravedad, Torres Ojeda habría certificado un acta con participación dudosa en un comité de contratación, señal que profundiza las sombras que envuelven este contrato.
Medellín observa con atención el curso de esta investigación, no solo por la envergadura del dinero público en juego, sino porque la confianza ciudadana parece desgastarse cada vez más ante el riesgo de que las reglas del juego se doblen en beneficio político o particular. ¿Habrá justicia que esclarezca el fondo de estas diligencias? La fiscalía avanza, pero la incertidumbre persiste. En el fondo, la pregunta de siempre permanece: ¿quién vela por los recursos y derechos de todos, cuando las normas parecen tejido frágil frente al poder y la intención?
