📸 Imagen cortesía D.R.A
¿Silencio prolongado en Urrao?
Este lunes 1 de septiembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos disciplinarios contra Nilson Javier Barrera Holguín, alcalde de Urrao, Antioquia, por demoras y errores en la respuesta a solicitudes ciudadanas.
La raíz del conflicto se halla en el derecho de petición No. 02462, presentado el 26 de junio de 2024 por un ciudadano. La administración municipal respondió recién el 28 de octubre, cuando la ley 1755 de 2015 obliga a contestar estas solicitudes en plazos claramente definidos, en este caso, mucho antes de 84 días. La contestación fue enviada, además, por medio del correo institucional, pero con evidente retraso y, para colmo, algunas peticiones fueron derivadas a destinatarios incorrectos. Esta conducta, calibrada por la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia como falta grave y culpa gravísima, pone en entredicho la transparencia y el respeto por los derechos ciudadanos.
El Ministerio Público dio a conocer el 30 de agosto que la investigación busca esclarecer si Nilson Barrera incurrió en una práctica sistemática de incumplimiento, afectando la comunicación vital entre el Estado y sus habitantes. La omisión y la dilación prolongan un vacío de respuesta que erosiona la confianza popular en sus representantes.
Por ahora, el alcalde permanece en funciones, a la espera del dictamen final. Pero la cuestión sigue abierta: en tiempos donde la participación y la claridad deberían ser normas inquebrantables, ¿cómo se explica que la voz ciudadana quede atrapada en la lenta maraña burocrática? ¿Habrá un cambio real o solo nuevas excusas bajo el mismo silencio? Mientras la justicia avanza, en Urrao el eco de esa demora resuena con insistencia.
