📸 Imagen cortesía: Captura de pantalla. Video tomado de la cuenta de X de Bernie Moreno, senador de Estados Unidos
¿Terrorismo a la sombra del Congreso?
Este jueves 30 de octubre de 2025, el senador estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano y miembro del Partido Republicano, solicitó formalmente al Congreso de Estados Unidos la declaratoria de grupos terroristas extranjeros para tres organizaciones armadas vinculadas a Colombia: el Estado Mayor Central (EMC), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidas como Clan del Golfo, y la banda criminal Conquistadores de la Sierra.
Moreno dirigió su petición al secretario de Estado, Marco Rubio, con la firme convicción de que estas estructuras no solo llevan a cabo actividades terroristas dentro de Colombia, sino que extienden su influencia más allá de las fronteras nacionales. “Participan activamente en actividades terroristas y poseen tanto la capacidad como la intención de llevarlas a cabo”, afirmó el senador. La preocupación radica en sus conexiones con cárteles mexicanos de narcotráfico y redes criminales globales, lo que aumentaría la amenaza directa para la seguridad estadounidense y la estabilidad de la región.
Esta solicitud llega en un momento crítico para Colombia. La violencia atribuida a las disidencias de las extintas FARC, con el EMC a la cabeza bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, y la persistente acción del Clan del Golfo, han escalado de forma alarmante. En el primer semestre de 2025, los ataques terroristas crecieron un 131% comparado con el año anterior, incluyendo explosiones, secuestros de militares y el uso de drones con explosivos. El gobierno de Gustavo Petro reconoce públicamente el papel de estos grupos en la crisis de violencia pero mantiene su estrategia de “paz total”, una política que ha generado tensiones con sectores opositores y autoridades locales.
La iniciativa de Moreno busca habilitar nuevas sanciones y respaldar operaciones internacionales que permitan actuar contra los líderes de estas organizaciones violentas. Aunque el camino legislativo en Washington aún es incierto, la medida es un reflejo de la creciente presión internacional sobre Colombia para confrontar un conflicto que trasciende sus fronteras y amenaza la estabilidad continental.
Mientras tanto, la pregunta que persiste es si Estados Unidos y la comunidad internacional podrán movilizarse con la suficiente determinación para frenar un fenómeno que, más allá de ser un problema local, se ha convertido en un foco de inseguridad hemisférica. ¿Podrá la cooperación binacional traducirse en acciones concretas, o quedará la iniciativa en meras sombras de papel? El tiempo y la política responderán.
