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Corte Constitucional aplaza revisión del decreto de emergencia económica hasta enero de 2026
La Corte Constitucional de Colombia decidió postergar el examen al Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que declaró un estado de emergencia económica por 30 días, hasta el 13 de enero de 2026, cuando finalice el periodo de vacancia judicial. Así lo determinó la Sala Plena en reunión informal el 23 de diciembre, sin convocar una sala extraordinaria para abordar pronto el caso.
El Decreto 1390 nace ante una crisis fiscal grave que incluye un faltante económico de 16,3 billones de pesos para 2026, pese a intentos fallidos con proyectos de Ley de Financiamiento. Afecta varias áreas, como la salud con ajustes en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y subsidios productivos, en un debate socioeconómico y político que mantiene activa la consciencia pública. El análisis constitucional está previsto para reanudarse el 13 de enero en Bogotá, sede de la Corte.
La decisión reunió a los nueve magistrados de la Sala Plena presidida por Jorge Enrique Ibáñez, quienes aunque debatieron criterios internos, optaron por respetar la vigencia de la vacancia judicial del 20 de diciembre al 10 de enero, en la que no se desarrollan sesiones extraordinarias. La Corte fundamenta esta medida en el respeto al debido proceso jurisdiccional, garantizando que ningún trámite exprés vulnere derechos ni normas legales.
Por norma constitucional y tributaria, la revisión deberá ajustar la constitucionalidad del decreto bajo los artículos 212 a 215 de la Carta Política, así como la Ley 137 de 1994 y otros cuerpos normativos relacionados con control automático constitucional. En este periodo, el decreto queda vigente y habilita al Gobierno a emitir las medidas necesarias para mitigar el impacto fiscal bajo vigilancia del Congreso.
Este aplazamiento genera expectativa y provoca que los sectores políticos, gremiales y académicos mantengan vigente el debate público hasta conocer el fallo que emitirá la Corte al reanudarse la actividad judicial en enero próximo.
La Corte hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta y señaló que el estudio formal podrá aportar claridad jurídica frente a la fatídica situación financiera que ha movido al Gobierno a tomar medidas urgentes ante la debacle económica proyectada para 2026.
