La Defensoría del Pueblo advirtió un riesgo inminente para habitantes de la cabecera municipal y de los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver, en medio de la disputa entre grupos armados ilegales.
La violencia se intensificó en El Bagre, Antioquia, y llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir una Alerta Temprana de Inminencia por el riesgo que enfrentan las comunidades de la cabecera municipal y de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver.
La advertencia está relacionada con la disputa territorial entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el Frente 4.º del Bloque Magdalena Medio, del autodenominado Ejército Marquetalia o EMBF, según la Defensoría.
La confrontación estaría relacionada con el control de zonas estratégicas para las rentas ilegales derivadas de la explotación de oro en sectores de la serranía de San Lucas, Guamocó y Mina Nueva.
Uno de los principales motivos de preocupación es el uso cada vez más frecuente de drones modificados para lanzar explosivos. De acuerdo con la entidad, desde junio estos ataques se han intensificado y ya han generado afectaciones directas a la población civil.
Un hecho ocurrido en junio da cuenta de la gravedad de la situación: durante un ataque en el que fueron lanzados 12 explosivos desde drones, 61 familias tuvieron que desplazarse. A esto se suma la presencia de municiones sin explotar en zonas de cultivo, que mantiene a cientos de familias con restricciones para movilizarse libremente por sus territorios.
La Defensoría también alertó sobre asesinatos selectivos y amenazas contra personas señaladas de colaborar con alguno de los grupos armados. La población estaría además sometida a restricciones impuestas por estas estructuras, como la prohibición de transitar por vías rurales después de las 6:00 de la tarde y el cobro de extorsiones equivalentes al 10 % de la producción de oro.
Incluso habitantes como mototaxistas y arrieros estarían siendo utilizados para transportar insumos o retirar cuerpos de integrantes de los grupos armados.
Ante este panorama, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a entidades como los ministerios del Interior y Defensa, la Unidad Nacional de Protección, el ICBF y la Fiscalía, además de autoridades departamentales y municipales.
