La presencia de grupos armados organizados se extendió a 101 de los 125 municipios de Antioquia, en medio de una disputa por corredores estratégicos y rentas ilegales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control territorial. El escenario incluye 22 municipios identificados como “enclaves dobles”, donde dos estructuras coinciden o se enfrentan por el dominio de las economías ilícitas.

El reporte, divulgado por medios nacionales a partir de un informe de la Gobernación de Antioquia y de un trabajo periodístico de El Tiempo, señala que el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC concentran buena parte de sus operaciones en las subregiones del Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Occidente, Suroeste y Urabá.

De acuerdo con el balance oficial, la presencia del Clan del Golfo pasó de 54 municipios en 2022 a 94 en 2026. En el mismo periodo, las disidencias aumentaron de 12 a 21 municipios, mientras que el ELN pasó de tener presencia en 16 a 17 localidades.

La disputa se concentra en territorios con valor estratégico para el transporte de drogas, la explotación minera y el acceso a zonas rurales. En Anorí, Amalfi, Briceño y Yarumal, entre otros municipios, las estructuras ilegales se enfrentan por corredores de movilidad, cultivos de coca y áreas de minería ilegal. En el Nordeste y el Bajo Cauca también están en juego las rutas hacia el sur de Bolívar y el control sobre comunidades campesinas.

La Gobernación advirtió que esta expansión ya tiene consecuencias humanitarias, como amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados, especialmente en áreas rurales. Las comunidades quedan en medio de las confrontaciones y de las presiones para acatar las órdenes de los grupos armados.

Como respuesta, las autoridades anunciaron operaciones sostenidas, refuerzos en estaciones y subestaciones de Policía y la creación de centros de fusión de inteligencia, en los que participarían la Fuerza Pública, la Fiscalía y otras entidades. Anorí, Briceño y El Bagre están entre los municipios priorizados para mejorar la reacción institucional y proteger a la población.

El objetivo oficial es recuperar el control territorial y golpear las finanzas de las organizaciones armadas mediante acciones contra sus rentas ilegales.