La diligencia por el caso de los contratos entre el AMVA y Bomberos de Itagüí continúa después de las solicitudes de cárcel contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y Sebastián Ortega.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y otros tres procesados se retoma este lunes 28 de septiembre, luego de varias sesiones en las que la Fiscalía y el representante de víctimas expusieron elementos del proceso.

Esta vez el turno será para las defensas de los involucrados y posteriormente para la Procuraduría, antes de que el juez de control de garantías avance hacia la decisión sobre las medidas solicitadas.

El pedido de cárcel para Miguel Quintero

Durante las últimas jornadas, el representante de víctimas del Área Metropolitana, el abogado Mayer Abushihab, pidió que Miguel Quintero sea cobijado con una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, retomando las pruebas presentadas por la Fiscalía anexando sus argumentos basados en los interrogatorios realizados en los principios de oporrtunidad, en especial el de Misael Cadavid.

En su exposición presentó testimonios, comunicaciones y otros elementos con los que buscó sustentar la presunta participación de Quintero en el esquema que se investiga alrededor de seis contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La Fiscalía sostiene que en esos contratos, celebrados entre 2020 y 2023, se habrían presentado irregularidades y un presunto detrimento superior a $2.400 millones. El valor de los contratos investigados supera los $17.600 millones.

Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El procesado no aceptó los cargos y se declaró inocente durante la audiencia de imputación.

Sebastián Ortega también quedó en el centro de la audiencia

Otro de los nombres que tomó fuerza durante las últimas sesiones fue el del contratista Sebastián Ortega, contra quien el representante de víctimas también solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La petición se sustenta, según lo expuesto en audiencia, en la presunta participación de Ortega en el manejo de los contratos y en un supuesto beneficio económico derivado de las irregularidades investigadas.

La Fiscalía ha señalado que Ortega habría intervenido en una segunda etapa del supuesto mecanismo de cobro de comisiones, después de la salida de Álvaro Villada del Área Metropolitana. Según la hipótesis presentada por el ente acusador, en esa etapa Ortega habría recibido presuntamente parte de los recursos investigados.

El testimonio de Misael Cadavid

Uno de los elementos que ha tenido mayor relevancia en el proceso es la información entregada por Misael Cadavid, exrepresentante legal de Bomberos de Itagüí, quien colabora con la Fiscalía bajo un principio de oportunidad.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, Cadavid habría entregado información sobre el supuesto mecanismo utilizado para cobrar y distribuir comisiones relacionadas con los contratos. La hipótesis del ente acusador señala que el porcentaje habría sido inicialmente del 20 % y posteriormente se habría fijado en 15 %.

Estos señalamientos forman parte del material que deberá ser valorado por el juez y que las defensas tendrán oportunidad de controvertir durante la audiencia.

¿Qué viene hoy en la audiencia?

La jornada estará marcada por las intervenciones de los abogados defensores de los procesados. Después tendrá participación el Ministerio Público, a través de la Procuraduría, y posteriormente el juez deberá valorar los argumentos de las partes antes de definir si impone o no medidas de aseguramiento.

Por ahora, no existe una decisión de cárcel contra Miguel Quintero ni contra Sebastián Ortega. La audiencia corresponde precisamente a la discusión sobre la necesidad y procedencia de esas medidas dentro del proceso.

El caso se concentra en seis contratos entre el AMVA y Bomberos de Itagüí y en las presuntas irregularidades que, según la Fiscalía, habrían generado un detrimento superior a los $2.400 millones.

La decisión del juez marcará el siguiente capítulo de un proceso que también involucra a otros exfuncionarios y contratistas y que ha incorporado nuevos testimonios y elementos de prueba durante las últimas semanas.