La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), anunció una acción de tutela y otras solicitudes judiciales para que regrese a una guarnición militar, luego de que el INPEC lo trasladara a la cárcel La Picota, en Bogotá, el 6 de octubre de 2026. El abogado José Luis Moreno sostiene que el cambio de reclusión desconoce una orden judicial previa y aumenta los riesgos para la vida y la integridad de López, quien continúa colaborando con la Fiscalía como testigo en el proceso por presunta corrupción en la UNGRD.

La defensa cuestiona el traslado a La Picota

El traslado de López fue ordenado mediante la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026, firmada por el director general del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. La decisión también incluyó a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien fue llevado desde la Escuela de Artillería al Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá, conocido como La Picota.

Antes de la medida, López permanecía en el Cantón Militar Caldas, mientras que Pinilla estaba recluido en una instalación militar destinada a miembros de la Fuerza Pública. Esa ubicación había sido adoptada judicialmente después de que la Fiscalía expusiera posibles riesgos de seguridad relacionados con la participación de ambos exfuncionarios como testigos dentro de las investigaciones.

Moreno argumenta que el INPEC no podía modificar por medio de una decisión administrativa el lugar de reclusión establecido previamente por un juez de control de garantías. Por esa razón, la defensa pidió suspender de manera provisional la resolución y restablecer la permanencia de López en una guarnición militar, sin modificar la medida de aseguramiento que pesa en su contra.

Riesgos por su colaboración con la Fiscalía

La defensa afirma que López es un testigo relevante en las investigaciones por presuntas irregularidades contractuales y pagos a congresistas relacionados con el caso de la UNGRD. Según los reportes conocidos, su colaboración con la Fiscalía continúa bajo un principio de oportunidad prorrogado judicialmente, condición que le permite entregar información y declaraciones sobre otros posibles involucrados.

El abogado ha advertido que esa colaboración podría convertir al exdirector de la UNGRD en objetivo de presiones o represalias. También cuestionó que permanezca en el mismo establecimiento penitenciario con personas señaladas como posibles involucradas en el entramado investigado, entre ellas los excongresistas Iván Name, Wadith Manzur y Andrés Calle.

La defensa sostiene que la solicitud no busca la libertad de López ni un trato privilegiado. Su propósito, según explicó, es proteger los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso mientras el exfuncionario continúa cooperando con la justicia. Moreno también señaló que la seguridad del testigo es relevante para preservar el avance de las investigaciones.

La advertencia de la Fiscalía y la respuesta del INPEC

En una comunicación enviada en septiembre de 2026, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia advirtió que la condición de López y Pinilla como testigos generaba riesgos de seguridad. Por esa razón, solicitó que ambos continuaran recluidos en guarniciones militares durante el desarrollo de sus declaraciones y de las actuaciones relacionadas con el proceso.

El INPEC, por su parte, justificó el traslado con argumentos de seguridad penitenciaria. De acuerdo con la resolución, la medida buscaba prevenir fugas, rescates, atentados y otras situaciones que pudieran comprometer a los internos, a los funcionarios o a terceros. La entidad estableció que el traslado debía ejecutarse con medidas reforzadas de custodia y seguridad.

La decisión administrativa no modifica por sí misma la medida de aseguramiento ni define la responsabilidad penal de López o Pinilla. La controversia se concentra en el lugar de reclusión y en si el INPEC tenía competencia para cambiar una ubicación que, según la defensa, había sido fijada por una autoridad judicial.

Tutela y revisión judicial pendiente

La defensa anunció que presentará una acción de tutela ante un juez de Bogotá para solicitar la protección de los derechos fundamentales de López. También pidió que un juez de control de garantías revise con urgencia la legalidad y procedencia del traslado, suspenda los efectos de la Resolución 008041 y ordene el regreso a una instalación militar.

La información disponible indica que la controversia será examinada tanto por la jurisdicción constitucional como por la penal. Sin embargo, aún no se había reportado una decisión definitiva que ordenara el regreso del exdirector de la UNGRD a una guarnición. También está pendiente precisar el despacho judicial que asumirá cada solicitud, debido a que las publicaciones conocidas identifican inicialmente repartos distintos.

Mientras se resuelven la tutela y las solicitudes ante la jurisdicción penal, López permanece recluido en La Picota bajo las medidas especiales de seguridad dispuestas por el INPEC. El proceso continuará bajo revisión judicial y cualquier decisión deberá determinar si prevalece la orden de permanencia en una guarnición militar o la determinación administrativa adoptada por la autoridad penitenciaria.

Contexto del proceso de la UNGRD

López y Pinilla son investigados por su presunta participación en el esquema de corrupción de la UNGRD y son considerados testigos de cargo de la Fiscalía. A López se le relaciona, dentro del trámite procesal, con cargos como falsedad ideológica en documento público agravada, falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Esas conductas corresponden a imputaciones o acusaciones en trámite y no pueden presentarse como hechos probados mientras no exista una sentencia definitiva. Del mismo modo, el traslado a La Picota no constituye una decisión sobre la responsabilidad penal del exfuncionario, sino una medida administrativa cuya legalidad y condiciones de seguridad serán analizadas por los jueces competentes.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Olmedo López fue trasladado a la cárcel La Picota?

El INPEC ordenó su traslado mediante la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026. La entidad argumentó razones de seguridad penitenciaria, como prevenir fugas, rescates y atentados.

¿Qué solicita la defensa de Olmedo López con la tutela?

La defensa pide suspender provisionalmente el traslado y ordenar el regreso de López a una guarnición militar. También solicita proteger sus derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso, sin pedir su libertad.

¿Por qué la defensa considera riesgoso que Olmedo López permanezca en La Picota?

La defensa sostiene que López continúa colaborando con la Fiscalía como testigo en el caso de la UNGRD, lo que podría exponerlo a presiones o represalias. También cuestiona que comparta establecimiento con personas señaladas como posibles involucradas en la investigación.