El senador colombiano Iván Cepeda rechazó la detención de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González y acusó al Gobierno de Daniel Noboa de utilizar “métodos fascistas” contra la oposición. González fue aprehendida durante la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026, según la fecha y hora de Colombia, en el municipio de Canuto, provincia de Manabí, Ecuador, dentro de una investigación por presunto lavado de activos.
El operativo fue realizado por agentes de la Policía enviados desde Quito. González, dirigente del movimiento Revolución Ciudadana y rival de Noboa en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025, es investigada por la Fiscalía ecuatoriana en el denominado caso Laberinto.
De acuerdo con la Fiscalía, el proceso busca esclarecer posibles irregularidades en el financiamiento político y en los gastos de publicidad de la campaña presidencial de 2023. Las autoridades analizan inconsistencias en los aportes recibidos y buscan establecer si los recursos utilizados tuvieron un origen lícito.
La Fiscalía informó que, en coordinación con la Policía, ejecutó tres órdenes de detención en las provincias de Manabí y Pichincha con el objetivo de formular cargos por presunto lavado de activos. Aunque la Policía confirmó la captura de González, la Fiscalía no identificó inicialmente a las demás personas incluidas en las órdenes judiciales.
La responsabilidad penal de la excandidata aún no ha sido determinada y deberá ser establecida por la justicia ecuatoriana, en el marco del debido proceso.
A través de sus redes sociales, Cepeda expresó su solidaridad con González y con la población ecuatoriana. El senador sostuvo que la detención constituía una persecución política y calificó las actuaciones del Gobierno de Noboa como propias de “métodos fascistas”, aunque no presentó elementos adicionales para respaldar esa acusación.
González también cuestionó el procedimiento y calificó de “absurda” la investigación en su contra. Revolución Ciudadana denunció una persecución política y exigió su liberación, mientras las autoridades ecuatorianas mantienen abierta la investigación sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña.
