La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Fernando Correa Vergara, de 44 años, por su presunta responsabilidad en el homicidio agravado de un hombre recluido en una estación de Policía en Medellín. Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2021 dentro de una celda ubicada en el barrio Doce de Octubre, donde varios reclusos presuntamente agredieron y asfixiaron a la víctima, quien padecía esquizofrenia.
Detalles del homicidio en la estación de Policía
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima ingresó a la estación policial cuatro días antes del incidente. Durante su privación de la libertad, fue sometida a agresiones físicas por parte de varios internos que compartían la celda. Los reclusos, entre ellos Correa Vergara, presuntamente amarraron y golpearon repetidamente al hombre, para luego colocarle una bolsa plástica sobre la cabeza, provocando su muerte por estrangulamiento y sofocación, como lo confirmó el dictamen médico legal tras la necropsia.
Proceso judicial y medidas adoptadas
En las audiencias concentradas realizadas ante un juez de control de garantías en Medellín, Luis Fernando Correa Vergara fue imputado por el delito de homicidio agravado como presunto coautor. El procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez consideró que existían elementos probatorios suficientes para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, debido a los riesgos que su libertad podría representar para el proceso y la comunidad. Esta decisión se suma a la judicialización previa de otros cuatro hombres por los mismos hechos y delito.
Investigación y contexto institucional
La investigación fue coordinada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. Se estableció que la muerte no fue accidental ni natural, sino resultado de una acción violenta dentro del centro de detención. La Fiscalía ha destacado que este caso representa una grave violación al deber estatal de protección frente a personas bajo custodia, especialmente aquellas con condiciones vulnerables como enfermedades mentales. La investigación continúa para esclarecer responsabilidades individuales y avanzar hacia posibles condenas.
Este caso resalta los desafíos que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad y derechos humanos en estaciones de Policía y centros de detención. Cinco años después del homicidio dentro de la celda del barrio Doce de Octubre, la justicia avanza con nuevas imputaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
