El presidente Abelardo de la Espriella posesionó en Barranquilla a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral durante el periodo 2026-2030, organismo encargado de vigilar a los partidos, las campañas y su financiación.

La nueva conformación deja siete de las nueve magistraturas en sectores de centroderecha y partidos tradicionales. Las dos sillas restantes corresponden al Pacto Histórico, principal fuerza de oposición al Gobierno.

Los posesionados fueron Nubia Stella Martínez, respaldada por el Centro Democrático; Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal; Juan Carlos Wills, del Partido Conservador; Juan Felipe Lemos, de La U; José Antonio Parra, de Salvación Nacional; Plinio Alarcón, apoyado por MIRA y el Centro Democrático, y Gersel Pérez, de Cambio Radical.

Por el Pacto Histórico asumieron Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista. La colectividad perdió la posibilidad de obtener una tercera magistratura, que finalmente quedó en manos de Cambio Radical.

Los nuevos integrantes fueron elegidos el 25 de agosto por el Congreso en pleno. La plancha respaldada por los partidos de centroderecha y tradicionales consiguió 169 votos; la del Pacto Histórico alcanzó 77 y la candidatura presentada por Cambio Radical obtuvo 28.

“Espero que durante los próximos cuatro años identifiquen sin temor las dificultades en nuestro sistema electoral y le propongan al país las reformas que consideren necesarias para corregirlas”, les pidió De la Espriella durante la ceremonia.

El mandatario aseguró que la democracia exige autoridades electorales independientes y advirtió que los magistrados deberán actuar con transparencia, imparcialidad y respeto por la Constitución, pese a haber llegado al organismo con el respaldo de partidos políticos.

El nuevo CNE tendrá entre sus responsabilidades controlar la financiación de las campañas, vigilar el funcionamiento de las colectividades, decidir sobre personerías jurídicas y estudiar eventuales irregularidades electorales. Su composición vuelve a abrir el debate sobre la independencia de una autoridad cuyos integrantes son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso.