La Contraloría Distrital de Medellín estableció un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $739.562 millones relacionado con la adquisición de CaribeMar, conocida como Afinia, por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Tras conocerse el pronunciamiento, el alcalde Federico Gutiérrez cuestionó la operación y la calificó como “la peor decisión en la historia de EPM”.

El anuncio del organismo de control se conoció este 29 de octubre, en el marco de una auditoría financiera, de gestión y resultados practicada a EPM. Según la Contraloría, la presunta afectación patrimonial estaría relacionada con la decisión de cerrar la negociación en septiembre de 2020, pese a que existían condiciones contractuales que, de acuerdo con su análisis, le permitían a la empresa abstenerse de concretar la compra.

A través de sus redes sociales, Gutiérrez reaccionó al hallazgo y aseguró que la cifra podría aumentar. Además, pidió que quienes tuvieron responsabilidad en la operación respondan por sus actuaciones.

¿Por qué la Contraloría cuestiona la compra de Afinia?

El organismo de control centró su análisis en las decisiones adoptadas en septiembre de 2020, cuando la Junta Directiva de EPM aprobó el Acta 1695 y la suscripción del Otrosí número 5, instrumentos relacionados con el cierre de la adquisición.

Según el informe, el contrato de compraventa de acciones, firmado en marzo de ese año, contemplaba que el incumplimiento de los indicadores de recaudo —con una referencia del 81,33 %— constituía un efecto material adverso. Esta condición facultaba contractualmente a EPM para abstenerse de concretar la transacción sin asumir costos o penalizaciones.

Sin embargo, la Contraloría señala que la Junta Directiva autorizó al gerente general a suscribir el otrosí, mediante el cual EPM renunció a esa posibilidad y asumió la obligación de culminar la compra. La operación se cerró finalmente el 30 de septiembre de 2020.

Para el ente de control, la decisión se tomó en un contexto de alta incertidumbre, marcado por los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, las dificultades financieras relacionadas con Hidroituango, los antecedentes de intervención estatal sobre el activo y la complejidad del mercado de comercialización y distribución de energía en la región Caribe.

Los $739.562 millones que habría dejado de recibir EPM

De acuerdo con la Contraloría, la presunta incidencia fiscal corresponde a los dividendos que EPM habría dejado de percibir como accionista de Afinia. El cálculo se divide en dos vigencias: $509.238 millones correspondientes a 2024 y $230.324 millones a 2025.

El organismo atribuye esta situación a una presunta destrucción de valor derivada de una gestión que considera antieconómica e ineficiente al momento de tomar la decisión de inversión.

Con la confirmación del hallazgo, el caso será trasladado a la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Distrital de Medellín para que adelante los trámites correspondientes.

Fico Gutiérrez denuncia presunta venta de un cargo directivo

Además de cuestionar la decisión de adquirir Afinia, el alcalde Federico Gutiérrez hizo referencia a una declaración que, según indicó, habría entregado un testigo a las autoridades.

De acuerdo con el mandatario, en ese testimonio se habría señalado que el cargo de gerente de Afinia fue vendido por un valor de entre 5 y 8 millones de dólares, presuntamente con el propósito de controlar la contratación de la empresa.

Gutiérrez aseguró que su administración puso esa declaración en conocimiento de la Fiscalía para que sea investigada. Sin embargo, esta afirmación corresponde a un señalamiento del alcalde y deberá ser verificada por las autoridades competentes; por sí sola, no demuestra que se haya cometido un delito.

El mandatario también insistió en que los responsables de las decisiones relacionadas con la compra deben responder por sus actuaciones y por las consecuencias que estas habrían tenido para el patrimonio público.

El caso abre un nuevo capítulo en la controversia por la adquisición de Afinia, una operación que ahora está bajo cuestionamiento fiscal por parte de la Contraloría Distrital de Medellín.

Cabe precisar que un hallazgo con presunta incidencia fiscal no equivale a una condena ni determina automáticamente la responsabilidad de personas específicas. Esa responsabilidad deberá establecerse dentro del procedimiento correspondiente.