El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, aseguró que el esquema de seguridad de la exfuncionaria habría costado esa cifra al Estado y cuestionó los criterios utilizados para asignar protección.

El costo de los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) volvió al centro de la polémica. Esta vez, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, aseguró que la protección asignada a Juliana Guerrero habría representado un gasto de $739 millones para el Estado.

Según el concejal, el dato fue entregado por el director de la UNP durante una sesión de la Comisión Segunda. De Bedout cuestionó que Guerrero hubiera contado con un esquema de protección pese a que, tras su salida del Gobierno, ya no era funcionaria pública.

La situación genera especial interés porque la propia UNP ha explicado que la protección de Guerrero comenzó cuando se desempeñaba como secretaria ejecutiva del Ministerio del Interior y que, en mayo de 2025, fue clasificada con un nivel de riesgo extraordinario por el CERREM. En ese momento se le asignaron un vehículo blindado y dos personas de protección.

El cuestionamiento de De Bedout

A través de sus redes sociales, el concejal puso en duda los criterios con los que se toman las decisiones dentro de la UNP y comparó su situación con la de otros dirigentes que, según afirmó, han solicitado protección sin recibirla.

De Bedout aseguró que él mismo ha solicitado en varias oportunidades un esquema de seguridad y que ha presentado oficios relacionados con supuestas amenazas provenientes de la cárcel de Itagüí.

También cuestionó la protección que tuvo Guerrero y planteó la necesidad de conocer qué criterios determinan quién recibe un esquema, cuántos recursos se destinan y bajo qué circunstancias se mantiene después de que una persona deja un cargo público.

El debate no es nuevo. En abril de este año, la UNP había salido a explicar públicamente que el esquema de Guerrero no correspondía a las versiones que circulaban en redes sobre varias camionetas y numerosos escoltas. La entidad señaló entonces que se trataba de un vehículo blindado y dos personas de protección.

El caso de los títulos falsos

La controversia alrededor de Guerrero también está relacionada con el proceso judicial que enfrentó por la presentación de títulos académicos falsos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.

Guerrero llegó a un acuerdo con la Fiscalía y reconoció responsabilidad por fraude procesal. Además, la Procuraduría abrió una investigación relacionada con los esquemas de protección que le fueron asignados a ella y a Gabriela Muñoz.

En agosto, además, Guerrero confirmó que su situación de seguridad estaba siendo evaluada por la UNP y sostuvo que había recibido amenazas y presiones.

¿Cuánto costó realmente el esquema?

La cifra de $739 millones es ahora uno de los principales puntos del debate planteado por Alejandro De Bedout. Para establecer con precisión ese monto será necesario conocer el periodo que comprende, los servicios incluidos y la información oficial de la UNP que sustenta el cálculo.

Lo que sí está documentado es que Guerrero contó con un esquema conformado por un vehículo blindado y dos escoltas, asignado inicialmente después de una evaluación de riesgo extraordinario.

El interrogante que queda sobre la mesa es cómo se justificó la continuidad de esas medidas, cuáles fueron las evaluaciones posteriores y cuánto dinero público se destinó finalmente a su protección.

La UNP tiene la responsabilidad de evaluar individualmente los niveles de riesgo y determinar las medidas correspondientes. En agosto de 2026 se reportó que el esquema de Guerrero había sido retirado, aunque ella señaló que la decisión estaba relacionada con un nuevo estudio de seguridad.