Presidencia exige reforzar trabajadores en los frentes rezagados; Galán sostiene que todavía es posible cumplir el calendario de operación
El Gobierno de Abelardo de la Espriella aumentó la presión sobre la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá y pidió al consorcio incorporar más personal para recuperar el cronograma.
El vocero presidencial Miller Soto reivindicó que la Nación financia el 70 % del proyecto. Según las cifras divulgadas por el Ejecutivo, la ejecución se encontraba en 82,33 %, frente a un avance programado de 86,79 %.
El alcalde Carlos Fernando Galán ha reconocido los retrasos. También ha explicado que existe margen para recuperar tiempos y mantener el inicio de operación previsto para marzo de 2028. Según Blu Radio, el mandatario distrital ya había solicitado al constructor aumentar la mano de obra.
La intervención de la Gerencia Presidencial para Bogotá añade un componente político al seguimiento. “Nación y Distrito están para trabajar unidos, para recuperar los días, no para competir entre ellos”, señaló Soto.
Por ahora, las dos administraciones coinciden en exigir mayor ritmo al contratista. La prueba será si ese refuerzo permite cerrar la diferencia entre lo programado y lo ejecutado sin comprometer la calidad ni la fecha de funcionamiento.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el Gobierno de Abelardo de la Espriella aumentó la presión sobre la construcción del Metro de Bogotá?
La Presidencia pidió al consorcio incorporar más personal en los frentes rezagados para recuperar el cronograma de la primera línea del Metro de Bogotá. El Ejecutivo señaló que la ejecución estaba en 82,33 %, frente a un avance programado de 86,79 %.
¿Qué ha dicho Carlos Fernando Galán sobre los retrasos del Metro de Bogotá?
Carlos Fernando Galán ha reconocido los retrasos, pero sostiene que todavía existe margen para recuperar el tiempo perdido. El alcalde considera posible mantener el inicio de operación previsto para marzo de 2028.
¿En qué coinciden el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá frente al Metro?
Las dos administraciones coinciden en exigir al contratista un mayor ritmo de trabajo y más mano de obra. La meta es reducir la diferencia entre el avance programado y el ejecutado sin comprometer la calidad ni la fecha de funcionamiento.




