La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra siete antiguos representantes del Frente Comuneros del Sur, después de que el Gobierno cerrara la mesa de diálogo y les retirara el reconocimiento que había permitido suspender temporalmente esas decisiones judiciales.

La medida fue adoptada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, mediante la Resolución 0-0273 del 7 de septiembre de 2026. La entidad aclaró que no se trata de nuevas órdenes: son actuaciones que ya existían, pero cuya ejecución había sido suspendida mientras los implicados participaban en el proceso de negociación.

Los buscados son Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias ‘Chuki’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias ‘Taliana Santo’; Eligio García Natascuas, alias ‘Santos’; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias ‘Lalo’; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.

La reactivación se produjo después de que el presidente Abelardo De la Espriella expidiera la Resolución Ejecutiva 365 del 3 de septiembre. Con ese documento, el Gobierno dio por terminada la mesa con Comuneros del Sur y revocó la designación de quienes participaban como representantes del grupo.

Entre los requeridos está alias ‘HH’, señalado como uno de los principales jefes de esa estructura. Estados Unidos lo solicita por cargos relacionados con narcotráfico y la Corte Suprema ya había emitido concepto favorable para su extradición.

El gobierno de Gustavo Petro suspendió su entrega mientras ‘HH’ realizara aportes verificables al proceso de paz. Esa protección terminó: el Gobierno de De la Espriella autorizó la extradición, que podrá hacerse efectiva si las autoridades logran capturarlo.

Comuneros del Sur, estructura que se apartó del ELN y tiene presencia principalmente en Nariño, había participado desde 2024 en una negociación que produjo acuerdos parciales, entrega de material de guerra y compromisos de no interferir en las elecciones. El nuevo Gobierno concluyó que no existía una ruta jurídica e institucional clara para garantizar el sometimiento de sus integrantes y su tránsito a la legalidad.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, pidió evaluar los resultados territoriales antes de desmontar completamente el proceso. “No podemos pasar de paz total a guerra total”, advirtió el mandatario, quien sostuvo que los avances alcanzados en reducción de la violencia también deberían ser considerados. El Gobierno nacional, por su parte, mantiene que no prolongará negociaciones que, a su juicio, no produzcan resultados verificables.