El anuncio del Gobierno de iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional generó respaldo entre algunos economistas y sectores empresariales, pero también críticas desde sectores políticos que advierten sobre los efectos que podría tener un eventual programa de ajuste.
La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de ordenar al Ministerio de Hacienda iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional abrió un nuevo debate sobre el rumbo de las finanzas públicas de Colombia.
El mandatario anunció el domingo 27 de septiembre que su equipo económico buscará con el organismo internacional una “salida negociada” a la situación fiscal del país. Por ahora, el Gobierno no ha anunciado un nuevo acuerdo ni un crédito con el FMI: lo que existe es la instrucción de iniciar conversaciones.
Recordemos que hace pocas semanas el ministro de Hacienda en una entrevista con los medios de comunicación había anunciado que no iban a buscar al FMI:
La noticia provocó reacciones en distintos sectores. Mientras algunos economistas ven el eventual acompañamiento del Fondo como una herramienta para conseguir financiación y establecer metas fiscales, otros advierten sobre los posibles costos de un programa de ajuste.
El economista Luis Fernando Mejía, CEO Lumen Inteligencia Económica y ex director de Fedesarrollo, respaldó el anuncio y destacó que hace apenas un mes el ministro de Hacienda había descartado buscar un acuerdo con el FMI.
Para Mejía, un eventual programa podría cumplir dos funciones: facilitar el acceso a financiación externa en condiciones favorables y establecer metas cuantitativas y verificables para reducir progresivamente el déficit y estabilizar la deuda.
También recordó que Colombia tuvo programas condicionados con el Fondo en 1999, 2003 y 2005.
Su expectativa es que, si las conversaciones avanzan, el Gobierno opte por un programa multianual con metas fiscales y estructurales verificables.
Además del acceso a recursos, Mejía considera que un acuerdo podría aportar una señal externa de credibilidad sobre el proceso de ajuste fiscal.
Su postura ocurre en un momento en que ya había advertido sobre el tamaño que podría alcanzar el déficit en 2027 si no se adoptan medidas de ajuste.
Financiación y ajuste fiscal
El presidente de Anif, José Ignacio López, también calificó positivamente la decisión del Gobierno.
Su argumento se concentra en dos aspectos: la necesidad de ordenar las finanzas públicas y la posibilidad de acceder a financiación externa a un menor costo.
López también cuestionó que durante el Gobierno anterior se hubiera perdido la Línea de Crédito Flexible del FMI y planteó que el respaldo del organismo podría contribuir al proceso de ajuste.
Sin embargo, el alcance de las conversaciones todavía está por definirse y no se conoce qué instrumento buscaría concretamente el Gobierno.
Asobancaria también respalda el acercamiento
Desde el sector financiero también hubo respaldo.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, manifestó que la decisión de iniciar conversaciones con el FMI puede contribuir a ordenar las finanzas públicas y proporcionar financiación con menores tasas de interés.
La reacción del gremio se produce en medio de las necesidades de financiamiento que enfrenta Colombia y de la discusión sobre cómo reducir el déficit.
Honorio Henríquez: disposición desde el Congreso
El senador Honorio Henríquez también se pronunció sobre el anuncio.
Su posición fue que Colombia necesita tomar decisiones para ordenar las finanzas públicas y recuperar la confianza, y manifestó disposición para contribuir desde el Congreso a las soluciones que se planteen.
En este caso, el pronunciamiento no define cuál debería ser el instrumento específico que Colombia negocie con el FMI, sino que respalda la apertura de conversaciones.
Daniel Rojas Medellín: críticas al posible ajuste
Desde otra orilla política, el exfuncionario Daniel Rojas Medellín cuestionó la decisión.
Rojas sostuvo que el acercamiento podría conducir a un programa de ajuste fiscal y utilizó como referencia experiencias de países como Grecia y Argentina para advertir sobre los efectos que, según su interpretación, pueden tener determinados programas respaldados por el FMI.
También afirmó que Colombia podría terminar entregando parte de su política económica al organismo internacional.
Estas son críticas políticas al eventual acuerdo. Por ahora, Colombia no tiene un nuevo programa aprobado con el FMI y tampoco se conocen las condiciones que eventualmente serían discutidas.
¿Qué está sobre la mesa?
El debate todavía se encuentra en una etapa inicial.
El Gobierno debe definir qué busca concretamente en las conversaciones: si pretende acceder a financiación, recuperar algún mecanismo de respaldo, negociar un programa con metas fiscales o explorar otra alternativa.
Además, cualquier eventual programa tendría que establecer sus propias condiciones, metas y mecanismos de seguimiento.
El FMI ya había advertido en su evaluación de Colombia de 2025 sobre el deterioro de las cuentas fiscales y el aumento de la deuda, aunque también señaló que la deuda pública seguía siendo sostenible bajo determinadas condiciones y con una consolidación fiscal gradual.
