La defensa de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, interpuso una acción de tutela contra el INPEC, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República por su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Los abogados cuestionan que el procesado haya sido llevado a un centro penitenciario ubicado a cientos de kilómetros de Medellín, donde reside su familia y se adelanta el proceso judicial en su contra.

¿Por qué los abogados de Miguel Quintero acudieron a la justicia?

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la firma Alzate Hernández Abogados informó que presentó una acción de tutela para cuestionar el traslado de Quintero Calle a la cárcel de alta seguridad de Cómbita.

En el documento, la defensa sostiene que la decisión del INPEC afecta las garantías fundamentales de su representado, especialmente sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la unidad familiar.

Los abogados argumentan que el traslado lo aleja de su domicilio, de sus familiares y del lugar donde se desarrolla el proceso judicial, circunstancias que, según ellos, dificultan su acompañamiento legal y su participación en las audiencias.

Defensa cuestiona los motivos del traslado a Cómbita

Uno de los principales cuestionamientos de los abogados tiene que ver con las razones que llevaron a ordenar el traslado.

Según el comunicado, la decisión se habría sustentado en un supuesto riesgo de fuga. Sin embargo, la defensa asegura que ese argumento fue descartado por los jueces que conocieron la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General de la Nación.

Por esta razón, considera que el traslado debe estar respaldado por razones objetivas y justificadas, y no puede convertirse en una medida arbitraria ni afectar las garantías de una persona que enfrenta un proceso judicial.

Abogados piden que se respete la unidad familiar

Otro de los puntos expuestos en la tutela tiene que ver con las condiciones familiares de Miguel Quintero Calle. Su defensa señala que su domicilio y su núcleo familiar están en Medellín, donde también se encuentra su hija menor de edad.

Los abogados sostienen que llevarlo a un centro penitenciario en Boyacá lo separa de su familia y dificulta el contacto con sus representantes legales, lo que, a su juicio, tiene consecuencias sobre el ejercicio de su defensa.

En el comunicado también hacen énfasis en que la privación preventiva de la libertad no representa una condena y que, por tanto, no puede dar lugar a tratos que desconozcan la dignidad humana o las garantías constitucionales.

¿Qué están pidiendo los abogados de Miguel Quintero?

La defensa asegura que no está solicitando privilegios ni condiciones especiales para su representado. Su petición, según el documento, es que se le apliquen los mismos criterios que a cualquier ciudadano y se respeten sus garantías fundamentales.

«Su apellido no puede convertirse en razón para un trato más gravoso y abiertamente indigno», señala el comunicado firmado por Felipe Alzate Gómez.

Ahora, será la justicia constitucional la encargada de estudiar la acción de tutela y determinar si el traslado cuestionado vulneró los derechos fundamentales que invoca la defensa.