📸 Cortesía: Presidencia / Colprensa
¿Impuestos sin tregua?
Un duro golpe anunciado en Washington que altera el protocolo diplomático.
Washington, 5 de junio de 2025. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, decidió esta semana revocar el beneficio de exención fiscal para los diplomáticos y funcionarios consulares de Colombia acreditados en su territorio. Notificado oficialmente a través de una nota diplomática a la embajada de Colombia en Washington, el cambio cobra vigencia el próximo 16 de junio y obliga a devolver las tarjetas de exención, incluso a figuras clave como el embajador Daniel García Peña.
Esta medida responde a una evaluación interna del Departamento de Estado que evidenció la falta de reciprocidad en el tratamiento tributario hacia sus diplomáticos en Colombia. A pesar de que desde 2014 rige una normativa colombiana que contempla beneficios similares, en la práctica los funcionarios estadounidenses enfrentan trámites engorrosos y retrasos injustificados para obtener las devoluciones fiscales. El pasado 30 de abril, Estados Unidos solicitó formalmente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) agilizar estos procesos; no obstante, tras más de un mes de silencio oficial, Washington optó por retirar el privilegio a sus contrapartes colombianas.
Hasta ahora, la tarjeta expedida por la Oficina de Misiones Extranjeras (OFM), en línea con la Convención de Viena, permitía a los diplomáticos colombianos evitar impuestos sobre ventas, servicios e importación de bienes personales. Desde el 16 de junio, esta protección desaparece y deberán afrontar impuestos ordinarios: un aumento palpable si se considera que, en ciudades como Nueva York, la tasa de impuestos sobre ventas alcanza el 8,75 %, en Washington el 10,75 % y en Miami el 7 %.
Este endurecimiento en las condiciones fiscales no solo golpea el bolsillo de los diplomáticos, sino que también pone en evidencia una tensión latente en la relación bilateral, en la que los mecanismos de reciprocidad parecen estar erosionados por la burocracia y la falta de comunicación efectiva. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre las consecuencias que esta decisión provocará en la diplomacia cotidiana y en la percepción mutua entre ambos países.
¿Será este un llamado para que Colombia replantee su política tributaria hacia diplomáticos extranjeros? ¿O es apenas un capítulo más en la creciente complejidad administrativa que dificulta la cooperación internacional? A partir del 16 de junio, la respuesta estará en la práctica cotidiana de quien transita entre oficinas, formularios y tasas, donde el privilegio parece desvanecerse, y con él, la confianza que se esperaba sostener.
