El Gobierno intentará cortar desde las cárceles una parte del poder criminal que mantiene bajo presión a Buenaventura. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó trasladar a 120 personas privadas de la libertad que, según las autoridades, conservarían posiciones de mando dentro de estructuras que operan en el puerto y otros municipios de la región.
La instrucción fue impartida al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, coronel Daniel Gutiérrez. Los internos deberán ser enviados a establecimientos con mayores controles de seguridad y restricciones de comunicación, aunque el Ejecutivo todavía no ha informado cuáles serán las cárceles receptoras ni cuándo comenzará el operativo.
“Estos tipos siguen siendo jefes en la cárcel”, sostuvo De La Espriella durante su visita a Buenaventura. El mandatario aseguró que el propósito es impedir que los señalados cabecillas continúen impartiendo instrucciones, coordinando delitos o administrando sus organizaciones desde los centros de reclusión.
El anuncio pone la atención sobre una falla que va más allá de los 120 traslados: la entrada y utilización de teléfonos celulares dentro de las cárceles.
Cambiar a un interno de establecimiento puede romper temporalmente sus contactos, pero el resultado dependerá de que las autoridades controlen dispositivos, llamadas, visitas, funcionarios y posibles redes de corrupción que facilitan las comunicaciones ilegales.
Hasta el momento, el Gobierno no ha divulgado los nombres de las personas seleccionadas, las organizaciones a las que presuntamente pertenecerían, su situación judicial ni los criterios utilizados para identificarlas como responsables de mantener líneas de mando desde prisión. Esa información será necesaria para establecer el alcance real de la operación y permitir la correspondiente contradicción de los señalamientos.
La orden presidencial tampoco equivale a una nueva condena. Un traslado modifica el establecimiento en el que una persona permanece recluida, pero no amplía su pena ni reemplaza las decisiones de los jueces. De acuerdo con el artículo 73 del Código Penitenciario y Carcelario, corresponde a la Dirección del INPEC disponer estos movimientos y garantizar las condiciones de custodia.
El Ejecutivo presenta la decisión como parte de una estrategia nacional para recuperar el control de las prisiones. Medidas semejantes ya se han aplicado con internos recluidos en Antioquia, Atlántico y Quindío, pero todavía no se conoce un balance público que permita establecer cuántos de esos traslados lograron interrumpir efectivamente las operaciones criminales.
En Buenaventura, donde las comunidades han padecido extorsiones, homicidios, desplazamientos y disputas territoriales, el éxito no podrá medirse únicamente por el número de reclusos movilizados. La prueba será determinar si disminuyen las órdenes impartidas desde prisión, las amenazas contra comerciantes y transportadores y la capacidad de las estructuras para controlar barrios y rentas ilegales.
Mover a 120 internos puede enviar un mensaje de autoridad. Cortar de manera permanente sus comunicaciones, investigar quiénes se las facilitan y demostrar una reducción de los delitos será el resultado que deberá presentar el Gobierno.
Preguntas frecuentes
¿Qué ordenó el presidente Abelardo De La Espriella frente a los internos relacionados con estructuras criminales en Buenaventura?
Ordenó trasladar a 120 personas privadas de la libertad que, según las autoridades, conservarían posiciones de mando dentro de estructuras criminales. Los internos serían enviados a cárceles con mayores controles de seguridad y restricciones de comunicación.
¿Quién debe realizar los traslados de los 120 internos?
La instrucción fue impartida al director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez. El artículo 73 del Código Penitenciario y Carcelario establece que la Dirección del INPEC dispone estos movimientos y garantiza las condiciones de custodia.
¿Por qué el traslado de los internos no garantiza por sí solo el fin de las operaciones criminales desde las cárceles?
El traslado puede romper temporalmente los contactos, pero su efectividad depende de controlar teléfonos celulares, llamadas, visitas, funcionarios y posibles redes de corrupción. Además, el Gobierno aún no ha informado los nombres, organizaciones, criterios de selección ni un balance de operaciones similares.
