Los ataques con drones cargados de explosivos dejaron cinco personas muertas, 17 heridas y decenas de familias desplazadas en el Catatumbo, Norte de Santander, entre el 12 y el 21 de noviembre de 2026. La Defensoría del Pueblo registró al menos 17 hechos violentos en zonas rurales de Tibú, El Tarra, Sardinata y El Carmen, en medio de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC.
De las víctimas mortales, cuatro eran integrantes del Ejército y una era civil. Aunque las autoridades no han atribuido oficialmente cada ataque a una estructura armada específica, la Defensoría señaló que la confrontación entre esos grupos explica el deterioro de la seguridad en la región.
Uno de los hechos más graves ocurrió el 12 de noviembre en Barco La Silla, zona rural de Tibú, donde un ataque con drones contra un pelotón militar dejó cuatro uniformados muertos y cinco heridos. Al día siguiente, en la vereda San Martín, de El Tarra, explosivos lanzados contra viviendas hirieron a cinco civiles venezolanos, entre ellos una niña de un año y siete meses y un adolescente.
La violencia también alcanzó espacios comunitarios y educativos. El 15 de noviembre, durante un bazar en la zona rural de Sardinata, se registraron sobrevuelos y cuatro detonaciones. Dos artefactos causaron daños en el Hospital San Martín y la Casa Campesina, mientras los habitantes se refugiaban en sus viviendas. El 18 de noviembre, otros explosivos detonaron a unos 50 metros de la Institución Educativa La Divina Esperanza, en Luis Vero.
El 20 de noviembre, una niña de dos años resultó herida en El Tarra. Ese mismo día, un civil murió en Tibú y 27 familias, integradas por 57 personas, se desplazaron hacia el casco urbano. Además, una vivienda fue destruida en Pacelli y otra resultó afectada en El Tarra.
Ante la escalada, la Defensoría emitió la Alerta Temprana de Inminencia 030 de 2026 para Luis Vero y San Martín de Loba, territorios donde viven unas 5.400 personas. El organismo advirtió que el uso de drones explosivos eleva el riesgo para la población civil, las escuelas, las viviendas y los servicios esenciales.




