El presidente Abelardo de la Espriella ha acelerado el desmonte de la política de paz total implementada durante el gobierno de Gustavo Petro, con el cierre formal de las mesas de negociación con el frente Comuneros del Sur y las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Estas decisiones se oficializaron mediante las resoluciones ejecutivas 365 y 368 de 2026, marcando un giro hacia una estrategia basada en la confrontación directa con grupos armados.
Cierre de mesas de negociación y extradiciones claves
En la primera semana de septiembre de 2026, el Gobierno expidió las resoluciones que pusieron fin a las conversaciones con Comuneros del Sur y las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Este cierre se enmarca en la estrategia del Ejecutivo por abandonar el esquema de diálogo amplio y priorizar el uso del «poder de las armas y de las leyes» para enfrentar a los grupos ilegales. La mesa con Comuneros del Sur, liderada por Gabriel Yepes, alias ‘HH’, fue clausurada junto con la firma de su extradición a Estados Unidos, eliminando beneficios judiciales que había obtenido durante la implementación de la paz total.
Respecto a las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, estas mesas estuvieron rodeadas de controversias desde su origen. Durante el gobierno Petro, se autorizó la salida temporal de sus cabecillas de prisión para participar en eventos públicos como el denominado «tarimazo» en Medellín, lo que generó rechazo en sectores sociales y víctimas. Además, se conoció una parranda vallenata realizada por los mismos jefes en la cárcel de Itagüí, lo que evidenció los beneficios otorgados bajo la figura de gestores de paz. Con la nueva administración, se terminó formalmente este espacio sociojurídico y se retiró el reconocimiento a sus voceros.
Mesas aún pendientes y proceso con otros grupos armados
A pesar del avance en el desmonte, aún permanecen abiertas algunas mesas que no han sido cerradas formalmente. Entre ellas se encuentran los diálogos suspendidos desde enero de 2025 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como los procesos con las bandas urbanas en Buenaventura y Quibdó. Estos últimos fueron incorporados dentro del enfoque territorial para reducir la violencia en ciudades portuarias y capitales departamentales, pero no han mostrado avances sustantivos bajo la actual administración.
Otro proceso pendiente es el cierre definitivo del espacio sociojurídico con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más grandes del país. Las conversaciones exploratorias con este grupo se iniciaron en Catar, pero hasta ahora no existe una resolución oficial que concluya este capítulo. Aunque el Gobierno ha desmontado buena parte de la arquitectura jurídica asociada a la paz total y retirado reconocimientos a emisarios, este proceso sigue abierto jurídicamente.
Crecimiento de grupos armados y nueva estrategia gubernamental
El contexto del desmonte se caracteriza por un crecimiento sostenido en el número de integrantes de grupos armados durante la vigencia de la paz total. Según datos del Ministerio de Defensa a julio de 2026, estos grupos suman cerca de 28.802 miembros, un aumento aproximado del 90% frente a los poco más de 15.000 reportados a finales de 2022. El Clan del Golfo (EGC) lidera este crecimiento con más de 10.000 integrantes y un incremento superior al 150%, seguido por el ELN, el Estado Mayor Conjunto (EMC) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Ante esta realidad, la administración De la Espriella ha enfatizado un cambio hacia una política basada en operaciones militares combinadas con la aplicación rigurosa de la Ley 418 de 1997 y herramientas judiciales como las extradiciones. Desde el 7 de agosto, se han reactivado órdenes de captura suspendidas durante la paz total, buscando debilitar estructuralmente a las organizaciones ilegales. La firma de resoluciones para extraditar a cabecillas como alias ‘Calarcá’, alias ‘Araña’ y alias ‘HH’, junto con operaciones militares que han acabado con mandos como alias ‘Bendito Menor’, evidencian esta estrategia.
Mientras tanto, sectores sociales, políticos y analistas mantienen atención sobre los procesos pendientes con el ELN, las bandas urbanas y el Clan del Golfo, que constituyen los principales cabos sueltos en el desmonte jurídico y político de la paz total. Aunque algunos espacios permanecen congelados o sin interlocución efectiva, la disputa territorial y el aumento en el número de integrantes armados siguen siendo desafíos críticos para las autoridades colombianas y las comunidades afectadas.
