El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de la Nación de 2026, con el propósito de financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto y atender las dificultades financieras del sector eléctrico.

 

La iniciativa, radicada por el Ministerio de Hacienda el 29 de septiembre, contempla una adición de aproximadamente $2,7 billones para el Fondo Milagro y un traslado presupuestal de $1,2 billones hacia la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con destino a obligaciones relacionadas con la empresa Air-e y el mercado de energía.

 

El proyecto fue presentado con mensaje de urgencia, mecanismo mediante el cual el Ejecutivo solicita al Congreso dar prioridad a su trámite. Sin embargo, la iniciativa requiere el correspondiente proceso legislativo y no debe presentarse como aprobada mientras no se complete ese procedimiento.

 

¿En qué consiste la modificación presupuestal?

 

La propuesta contiene dos operaciones presupuestales diferentes. La primera es una adición de cerca de $2,7 billones destinada al Fondo Milagro, creado para financiar la asistencia humanitaria, la recuperación y la reconstrucción de los territorios afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026.

 

De acuerdo con la información publicada sobre el proyecto, los recursos permitirían respaldar las acciones de reconstrucción en las regiones afectadas. El Fondo Milagro fue creado mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026 como un mecanismo para gestionar y centralizar recursos públicos y privados destinados a atender las consecuencias de la emergencia.

 

El segundo componente consiste en un traslado de $1,2 billones hacia la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La operación busca atender obligaciones del sector eléctrico, especialmente las relacionadas con Air-e, empresa intervenida por el Gobierno que presta el servicio en departamentos de la región Caribe.

 

Según los reportes sobre la iniciativa, los recursos se destinarían a cubrir obligaciones pendientes con empresas generadoras de energía y a aliviar las dificultades financieras que afectan al mercado eléctrico. El traslado contempla la reasignación de partidas presupuestales existentes, por lo que no equivale, por sí solo, a una adición de ese mismo monto al presupuesto total.

 

Recursos para atender la emergencia sísmica

 

La propuesta presupuestal se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno para financiar la atención de la emergencia. El 6 de octubre, el Ejecutivo informó sobre la incorporación de $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación para el Fondo Milagro, mediante el Decreto 1488 de 2026.

 

Esa partida corresponde a una operación distinta de la adición de aproximadamente $2,7 billones planteada en el proyecto de ley. Por ello, es importante diferenciar los recursos ya incorporados mediante actos administrativos de los montos cuya modificación depende del trámite legislativo.

 

El Fondo Milagro está destinado a financiar acciones de asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto. Entre las prioridades anunciadas por el Gobierno se encuentran la recuperación de viviendas y de infraestructura esencial, como colegios, hospitales, vías y acueductos.

 

¿Por qué el Gobierno pide acelerar el trámite?

 

El Ejecutivo busca que el Congreso estudie con prioridad la modificación presupuestal para responder a dos necesidades: la reconstrucción tras el terremoto y las obligaciones financieras del sector eléctrico.

 

En el caso de Air-e, la situación se relaciona con las dificultades para cubrir compromisos con los agentes del mercado de energía. De acuerdo con los reportes publicados sobre el proyecto, el Gobierno considera necesario fortalecer los recursos disponibles para atender esas obligaciones y reducir los riesgos asociados con la estabilidad financiera del servicio eléctrico.

 

El mensaje de urgencia solicita priorizar el estudio de la iniciativa, pero no sustituye el debate ni garantiza su aprobación. El Congreso deberá examinar el contenido del proyecto, sus fuentes de financiación y la destinación de los recursos antes de adoptar una decisión.

 

¿Aumentará el presupuesto a más de $637 billones?

 

La modificación contempla dos operaciones distintas: una adición cercana a $2,7 billones y un traslado de $1,2 billones. Por esa razón, no es correcto sumar ambos montos como si representaran un aumento neto de $3,9 billones en el presupuesto.

 

Además, los reportes sobre el proyecto indican que la adición para el Fondo Milagro estaría respaldada por mecanismos de recaudo asociados con alivios en sanciones e intereses y otras medidas contempladas en la iniciativa. En consecuencia, la cifra definitiva del Presupuesto General de la Nación dependerá del contenido aprobado y de sus efectos presupuestales.

 

Por ahora, la propuesta debe entenderse como una modificación en trámite y no como una decisión definitiva. El objetivo del Gobierno es conseguir los recursos necesarios para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y atender las obligaciones pendientes del sector eléctrico.

 

Preguntas frecuentes

¿En cuánto quedaría el Presupuesto General de la Nación de 2026?

Si el Congreso aprueba la propuesta del Gobierno, el presupuesto pasaría de aproximadamente $635 billones a más de $637 billones. La cifra final dependerá del trámite legislativo y de las modificaciones al proyecto.

 

¿Para qué se adicionarían $2,7 billones al presupuesto de 2026?

Los $2,7 billones se destinarían a financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Los recursos estarían vinculados al Fondo Milagro, creado para canalizar la financiación de la emergencia.

 

¿Qué implica el mensaje de urgencia solicitado por el Gobierno?

El mensaje de urgencia permite pedir al Congreso un estudio prioritario del proyecto de modificación presupuestal. Sin embargo, no reemplaza el debate legislativo ni garantiza que la iniciativa sea aprobada.