El Bajo Cauca antioqueño enfrenta una de sus mayores amenazas ambientales y de seguridad: la expansión de la minería ilegal, una actividad que mueve enormes cantidades de dinero y que, de acuerdo con las autoridades, también se ha convertido en una fuente de financiación para grupos armados ilegales.

La dimensión del problema es nacional. La Procuraduría General de la Nación ha advertido que el 85 % del oro que exporta Colombia proviene de la minería ilegal y que más del 70 % del oro extraído en el país procede de operaciones controladas por grupos armados ilegales.

En regiones como el Bajo Cauca, el problema tiene además una fuerte dimensión ambiental. La Procuraduría ha documentado afectaciones sobre los bosques, las fuentes hídricas y la calidad del agua, especialmente por el uso de mercurio. En un informe, el Ministerio Público señaló afectaciones sobre cerca de 40.000 hectáreas de bosques y alteraciones en la dinámica hídrica y la calidad del agua.

La economía ilegal puede llegar a mover varias veces más producción que la minería que opera bajo los controles establecidos, según las cifras y advertencias expuestas sobre el fenómeno.

El negocio, además de los daños ambientales, representa una renta para estructuras criminales que encuentran en la extracción y comercialización del oro una fuente de financiación.

Por eso, uno de los principales retos está en diferenciar a los pequeños y medianos mineros que buscan formalizarse de quienes utilizan la minería tradicional como fachada para mantener actividades ilegales.

La propuesta pasa por identificar y censar a quienes participan en la cadena minera, fortalecer los controles y trabajar de manera coordinada con la Fiscalía y las demás autoridades para perseguir la extracción ilícita y las redes que se benefician de ella.

Al mismo tiempo, se plantea acompañar la formalización de los mineros que quieren trabajar dentro de la legalidad y brindar garantías a las empresas que desarrollan una actividad minera formal y responsable.

El desafío para el Bajo Cauca no es solamente económico. Es también ambiental y de seguridad: evitar que el oro siga financiando estructuras criminales, proteger los recursos naturales y abrirle camino a una minería que pueda desarrollarse dentro de la legalidad.