Una demanda presentada ante el Consejo de Estado busca anular la elección y conformación de las comisiones constitucionales permanentes y legales de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. De prosperar, la corporación podría verse obligada a repetir el procedimiento mediante el cual distribuyó a sus congresistas, con posibles efectos sobre las mesas directivas y actuaciones que ya comenzaron a realizar las células legislativas.

El centro de la controversia está en una fecha: 20 de julio de 2026. Ese día se instaló formalmente el nuevo Congreso y, según la demanda conocida por La FM, la plenaria de la Cámara también aprobó en bloque la plancha mediante la cual quedaron distribuidos los representantes entre las diferentes comisiones.

¿Dónde estaría la presunta irregularidad?

El artículo 6 de la Ley 3 de 1992 establece expresamente que la elección de las comisiones debe realizarse “a partir de la semana siguiente de instalada la Corporación”. La norma también permite que, cuando los partidos representados en la Cámara lleguen a un acuerdo sobre una lista completa, esta pueda votarse en bloque. Es decir, el cuestionamiento no está principalmente en que existiera una plancha única, sino en el momento en que habría sido elegida.

Hay incluso un antecedente institucional que fortalece la relevancia de ese argumento: en un concepto jurídico de 2022, la Unidad de Asistencia Técnica Legislativa del propio Congreso recordó que la integración e instalación de las comisiones debía ceñirse a la regla prevista en el artículo 6 de la Ley 3.

La demanda plantea además una segunda presunta irregularidad. Según el documento citado por La FM, el orden del día publicado para el 20 de julio no habría anunciado la elección de las comisiones constitucionales y legales ni identificado las listas que serían sometidas a votación.

El 28 de julio tampoco solucionaría el problema, según la demanda

La controversia no termina con lo ocurrido el día de la instalación. El demandante también pide anular las decisiones tomadas por la Cámara el 28 de julio, cuando se ratificó, integró o modificó la composición previamente aprobada.

Precisamente por esos días la Cámara estaba terminando de poner en funcionamiento sus células legislativas. La prensa registró que las siete comisiones constitucionales comenzarían formalmente sus actividades esa semana, mientras la Secretaría General modificó el cronograma de instalación y programó varias de ellas para el 29 de julio.

La pretensión es que el Consejo de Estado ordene rehacer el procedimiento desde el último punto que considere jurídicamente válido. Dependiendo de lo que eventualmente determine el alto tribunal, esto podría implicar incluso una nueva elección integral de las comisiones.

¿Y qué pasa con todo lo que ya hicieron?

Este es, para mí, el verdadero ángulo de la noticia.

Las siete comisiones constitucionales son la primera estación de buena parte de los proyectos que tramita el Congreso. Allí se designan ponentes, se presentan ponencias, se realizan debates y se votan iniciativas antes de que lleguen a las plenarias.

Desde su conformación, además, ya comenzaron a recibir proyectos correspondientes a la nueva legislatura. Entre las actuaciones que La FM señala como potencialmente comprometidas está la designación de ponentes del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Sin embargo, aquí pondría un freno importante: que exista una demanda no significa que las comisiones estén anuladas, suspendidas ni que sus decisiones hayan perdido validez. Por ahora, continúan funcionando normalmente. Tampoco puede afirmarse que automáticamente caerían todos los actos realizados si el Consejo de Estado llegara a declarar alguna nulidad; el alcance y los efectos temporales de una eventual sentencia tendrían que ser determinados por el propio tribunal.

La acción ya fue presentada y repartida en el Consejo de Estado, según La FM. Ahora corresponde el trámite judicial, que deberá establecer si los hechos denunciados constituyen realmente un vicio capaz de anular la conformación de las comisiones para el periodo 2026-2030.