📸 Cortesía: X @nhora_mondragon
Despidos masivos afectan a madres cabeza de hogar y funcionarios con incapacidades en el Dapre
En las últimas horas, al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) fueron declarados insubsistentes en Bogotá, generando polémica al incluir madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados y personas con incapacidades médicas certificadas.
La decisión fue firmada el lunes 26 de enero por la nueva directora Nhora Yhanet Mondragón e incluye a perfiles diversos como conductores, camareros, la jefa de Recursos Humanos Luz Dary Cruz —con 25 años de servicio y fuero de estabilidad— y la jefa de prensa Yury Carolina Calderón. Los despidos se notificaron a partir de las 5:00 p.m. en la Casa de Nariño, en un contexto en el que medios señalan influencias internas del círculo cercano al presidente Gustavo Petro para estos cambios.
De acuerdo con Distintos reportes, la medida va contra una circular gubernamental que prohibía despedir trabajadores en entidad públicas este mes y antes de la entrada en vigencia plena de la Ley de Garantías el 31 de enero, norma que limita cambios en la nómina pública antes de las elecciones próximas. Se menciona además que tal factor busca abrir cupos para vincular al menos 20 nuevos trabajadores con salarios superiores a los 16 millones de pesos vinculados con campañas afines al Gobierno.
Carolina Calderón, despedida del Dapre, denunció el caso como “una canallada y un acto real de sevicia” y los afectados, amparados en normas que promueven la reubicación sobre la desvinculación para personas próximas a pensionarse y con carácter de protección legal reforzada, preparan acciones legales por presuntas irregularidades laborales.
Este hecho ocurre en un escenario de cambios recurrentes en las directivas del Dapre y se suma a ajustes recientes en otras entidades, como la Cancillería. Hasta el momento, ni la directora ni el presidente Petro han emitido declaraciones oficiales sobre los criterios o justificaciones de estas desvinculaciones.
La comunidad y sectores afectados esperan pronunciamientos claros y mantienen la vigilancia ante nuevas disposiciones. La situación genera incertidumbre sobre las prerrogativas laborales y la protección de derechos en entidades de alto nivel dentro de la administración pública.
