El Gobierno de Abelardo de la Espriella respondió el 5 de octubre de 2026 a los relatores de Naciones Unidas sobre los proyectos que podrían afectar el futuro de la JEP, en una carta de diez páginas enviada desde Colombia. La Cancillería sostuvo que respeta la autonomía de la jurisdicción y que las decisiones sobre su presupuesto, su periodo de funcionamiento y la eventual revisión de sus sentencias corresponden al Congreso, porque ninguna de esas iniciativas ha sido aprobada como norma.

Qué respondió la Cancillería a Naciones Unidas

La respuesta fue enviada a cuatro relatores de la ONU que habían expresado preocupación por el impacto de tres iniciativas en la justicia transicional y en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Los expertos son Bernard Duhaime, relator sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; Grazyna Baranowska, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales; y Margaret Satterthwaite, relatora sobre la independencia de magistrados y abogados.

En el documento, el Ejecutivo afirmó que actúa dentro de sus competencias constitucionales, respeta la separación de poderes y reconoce la independencia judicial de la JEP. También señaló que el Congreso tiene la competencia para tramitar el Presupuesto General de la Nación y las reformas constitucionales relacionadas con la jurisdicción.

La Cancillería indicó que los tres proyectos todavía están en discusión. Entre ellos se encuentra una propuesta para reducir en 170.000 millones de pesos el presupuesto de la JEP para 2027, otra que plantearía reducir su periodo de funcionamiento de 15 a 10 años y una iniciativa de origen parlamentario que permitiría la revisión automática de sentencias contra exintegrantes de la Fuerza Pública por parte del Tribunal Superior Militar y Policial.

El presupuesto de la JEP sigue en discusión

Frente al posible recorte presupuestal, el Gobierno manifestó que la decisión está en manos del Congreso y que el Ministerio de Justicia conoce el trámite a través de información pública. Como la reducción todavía no ha sido aprobada, la Cancillería sostuvo que no es posible definir medidas para mitigar sus posibles efectos.

Los relatores de Naciones Unidas habían advertido que una disminución de recursos podría limitar la capacidad de la JEP para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado. También señalaron riesgos para la atención y la protección de las víctimas, así como para la continuidad de los procesos judiciales.

La JEP ha defendido la necesidad de mantener los recursos previstos para cerrar investigaciones, desarrollar juicios y ejecutar sanciones restaurativas. Según la jurisdicción, un ajuste presupuestal podría afectar las audiencias en los territorios, la representación jurídica de los comparecientes, el acompañamiento psicosocial y los esquemas de seguridad para víctimas, testigos y funcionarios.

La jurisdicción también ha insistido en que solicitar los recursos necesarios no significa pedir una ampliación de su mandato.

El Gobierno evitó pronunciarse sobre las reformas

Sobre la eventual reducción anticipada del mandato, la Cancillería pidió a Naciones Unidas precisar a qué iniciativa se refería. El Ejecutivo aseguró que continuará cumpliendo sus obligaciones constitucionales y que la JEP conservará su autonomía e independencia, pero no fijó una posición de fondo sobre la posibilidad de acortar su funcionamiento.

Respecto a la revisión automática de sentencias, el Gobierno señaló que no puede pronunciarse mientras el proyecto no tenga un texto definitivo. La iniciativa no es de origen gubernamental y se encuentra en una etapa inicial de trámite, por lo que la Cancillería evitó anticipar su alcance, el procedimiento, los efectos jurídicos o las garantías que tendría el mecanismo.

Qué está en juego para las víctimas

La discusión trasciende el monto del presupuesto. Una reducción de recursos, un cambio en la vigencia o la intervención de la justicia penal militar en decisiones de la JEP podrían afectar la capacidad de la jurisdicción para terminar sus investigaciones y procesos, además de poner en debate su independencia frente a otras instituciones judiciales.

Para Naciones Unidas, las modificaciones también podrían comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La preocupación central es que los procesos queden inconclusos y que Colombia incumpla compromisos internacionales derivados del Acuerdo de Paz.

Por ahora, la JEP continúa funcionando bajo las reglas vigentes y sus sentencias permanecen en firme. El próximo escenario será el trámite en el Congreso del presupuesto para 2027 y de las reformas relacionadas con la jurisdicción. Mientras no haya una aprobación definitiva, el futuro de la JEP no está formalmente modificado, aunque permanece bajo presión política, presupuestal y jurídica.

Preguntas frecuentes

¿Está en riesgo el futuro de la JEP con el gobierno de Abelardo de la Espriella?

La JEP enfrenta presión política y presupuestal por tres iniciativas que podrían reducir sus recursos, acortar su vigencia y permitir la revisión automática de algunas sentencias. Sin embargo, ninguna de estas propuestas ha sido aprobada y la jurisdicción continúa funcionando bajo las reglas vigentes.

¿Qué proyectos podrían afectar a la JEP?

Las iniciativas contemplan reducir en 170.000 millones de pesos el presupuesto de la JEP para 2027, disminuir su periodo de funcionamiento de 15 a 10 años y permitir la revisión automática de sentencias contra exintegrantes de la Fuerza Pública por parte del Tribunal Superior Militar y Policial. Los proyectos todavía están en discusión en el Congreso.

¿Qué dice el Gobierno sobre la autonomía y el presupuesto de la JEP?

La Cancillería afirmó ante Naciones Unidas que respeta la autonomía e independencia de la JEP y que las decisiones sobre su presupuesto y funcionamiento corresponden al Congreso. También señaló que no puede pronunciarse de fondo sobre la revisión de sentencias mientras el proyecto no tenga un texto definitivo.