El Gobierno de Abelardo De La Espriella entregó a las autoridades un documento de 135 páginas en el que reúne hallazgos, alertas y 23 casos de presunta corrupción que, según su equipo, se habrían presentado durante la administración de Gustavo Petro.
El informe parte de 126 casos recibidos, de los cuales 59 fueron priorizados para su revisión. Además de los posibles hechos de corrupción, el documento identifica nueve comportamientos que el actual Gobierno considera críticos y que, según el análisis, habrían afectado el funcionamiento de distintas entidades del Estado.
Entre las alertas aparecen la pérdida de rigor técnico, fallas en la capacidad tecnológica, problemas en el manejo de la información pública, parálisis operativa, concentración de procesos contractuales, aumento del riesgo de demandas contra el Estado y pérdida de control territorial frente a economías criminales. También se señala una fragmentación de las instituciones y dificultades en la conducción estratégica y fiscal.
¿Qué entidades aparecen mencionadas?
Los 23 casos de presunta corrupción abarcan diferentes sectores y entidades de la administración pública. Entre las mencionadas están el Dapre, Essmar, Cenit, Fenoge, Electrohuila, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Protección, Fontur, Codaltec, la SAE, Canal Trece, el ICBF, FonIgualdad, la Cancillería y la Agencia de Desarrollo Rural.
El documento también pone bajo revisión procesos relacionados con Colombia Compra Eficiente y el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Gobierno señala que la información fue recopilada mediante fuentes públicas, bases de datos como Secop, derechos de petición y documentación entregada voluntariamente por funcionarios.
De La Espriella advierte que el informe no constituye una sentencia ni establece responsabilidades penales. La intención, según se explica en el documento, es entregar los hallazgos a las autoridades para que sean ellas las que determinen si hubo delitos, irregularidades o responsabilidades administrativas.
