El presupuesto de 2027 todavía no tiene asegurados todos los recursos necesarios para subsidiar las facturas de energía de los hogares más vulnerables. El Ministerio de Minas calcula un faltante de $4,57 billones, pero esto no significa que los beneficios hayan sido eliminados ni que las tarifas vayan a aumentar inmediatamente.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, presentó la cifra ante las comisiones económicas del Congreso. “Eso no tiene financiación en este momento”, reconoció la funcionaria, quien aseguró que su cartera revisa con el Ministerio de Hacienda de dónde podrían salir los recursos.

El subsidio eléctrico beneficia a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3. La regulación permite cubrir hasta el 60 % del consumo básico en el estrato 1, hasta el 50 % en el estrato 2 y el 15 % en el estrato 3. El descuento no se aplica ilimitadamente: la energía consumida por encima del nivel de subsistencia se cobra sin subsidio.

Una parte del dinero proviene de la contribución pagada por los usuarios de los estratos 5 y 6 y por sectores comerciales e industriales obligados a aportar. Cuando esos recursos no alcanzan, el Presupuesto General de la Nación debe cubrir la diferencia a través del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.

El faltante no se limita a la electricidad. El Ministerio reportó que para 2027 también faltarían $1,39 billones destinados a los subsidios de gas natural, $103.469 millones para gas licuado de petróleo y $30.012 millones para la compensación aplicada en Nariño. En conjunto, las necesidades sin financiación superarían los $6 billones.

Arboleda aclaró que los subsidios correspondientes a 2026 sí cuentan con recursos. La advertencia se concentra en el proyecto de presupuesto del próximo año, que todavía puede ser modificado por el Gobierno y el Congreso antes de su aprobación definitiva.

Si Hacienda y el Legislativo no completan la partida, las primeras afectadas serían las empresas comercializadoras, que aplican el descuento en las facturas y posteriormente cobran esos recursos al Estado. Los retrasos en los giros pueden obligarlas a financiar temporalmente el faltante y agravar los problemas de liquidez de la cadena eléctrica.

Un déficit presupuestal tampoco elimina automáticamente los porcentajes establecidos para los hogares. Para reducirlos o cambiar sus beneficiarios se requerirían decisiones legales o regulatorias. Sin embargo, una deuda prolongada con las empresas podría aumentar la presión financiera sobre el sistema y abrir una discusión sobre tarifas, focalización y sostenibilidad de los subsidios.

El Gobierno ya destinó $1,5 billones para aliviar los problemas de liquidez del sector durante lo que resta de 2026. Esa medida es independiente del hueco proyectado para el próximo año. La pregunta para Hacienda y el Congreso es si conseguirán los $4,57 billones antes de que una insuficiencia presupuestal termine trasladándose, directa o indirectamente, a las facturas de los usuarios.