El FBI y autoridades de inteligencia de Colombia buscan a una abogada colombiana y a un expolicía de la Policía Nacional, señalados como presuntos responsables de filtrar información reservada sobre un operativo para incautar una narcofortuna superior a 22.000 millones de pesos. La alerta habría permitido que poderosos narcotraficantes trasladaran y ocultaran parte de sus bienes antes de la acción judicial.

La investigación, revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, se originó en un audio escuchado durante una reunión en un centro comercial de El Poblado, en Medellín. En la grabación se mencionaba a por lo menos diez mafiosos que estaban bajo la mira de la Fiscalía.

Después de ese encuentro, agentes del FBI y funcionarios colombianos detectaron movimientos para transferir propiedades y activos vinculados con una red de testaferros y empresas utilizadas para lavar dinero entre Colombia y Estados Unidos. El objetivo, según las pesquisas, era impedir que los bienes fueran identificados y decomisados.

Varios testimonios entregados por narcotraficantes durante interrogatorios judiciales apuntan a alias “Yulián”, quien supuestamente les habría reproducido audios de una abogada que decía tener contactos dentro de la Fiscalía. En esas conversaciones, la mujer habría advertido que las capturas eran inminentes y planteado el pago de “una plata o incentivo” a un investigador para retrasar el operativo.

A su vez, alias “el Calvo” aseguró que un expolicía les ofreció acceso a la carpeta investigativa a cambio de 12 millones de pesos. El exuniformado, según esa declaración, también habría entregado una memoria USB con información sobre el procedimiento en preparación.

La investigación tomó fuerza en agosto de 2025, cuando el abogado de uno de los señalados presentó un derecho de petición ante la Fiscalía. En el documento afirmó que había conocido “por una fuente” la existencia de la investigación y pidió que no se expidieran órdenes de captura ni se realizaran allanamientos contra alias “Yulián”.

El FBI habría identificado plenamente a la abogada y al expolicía. Ambos son ahora objetivos prioritarios de la investigación binacional, que busca establecer el alcance de su presunta colaboración, determinar si participaron más funcionarios y rastrear los bienes y empresas relacionados con el esquema de lavado de activos.