La Fiscalía busca que la casa por cárcel concedida a Miguel Andrés Quintero Calle sea revocada. Durante la audiencia de apelación realizada este lunes 5 de octubre, el ente acusador sostuvo que la medida no sería suficiente para evitar que el procesado continúe teniendo contacto con personas o utilizando los mismos mecanismos que, según la investigación, habrían sido empleados para ejecutar el presunto entramado de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva).

La audiencia fue adelantada por el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, que dio trámite al recurso presentado por la Fiscalía y por el Área Metropolitana, esta última en calidad de víctima dentro del proceso.

El objetivo es reversar la decisión tomada el pasado 2 de octubre, cuando un juez de primera instancia ordenó que Quintero Calle cumpliera la medida de aseguramiento en su lugar de residencia y dejó en libertad a Sebastián Ortega Urán, ambos investigados por hechos relacionados con seis contratos suscritos entre 2020 y 2021.

Fiscalía cuestiona la efectividad de la casa por cárcel

Uno de los principales argumentos de la Fiscalía es que la presunta estructura investigada no habría dependido de la presencia física de Miguel Quintero.

De acuerdo con la delegada del Grupo de Tareas Especiales para la Corrupción en Medellín, la comunicación a través de llamadas, chats de WhatsApp y terceras personas habría sido suficiente para que se desarrollaran las conductas investigadas.

Por eso, la Fiscalía considera que mantener a Quintero en su vivienda no elimina el riesgo que, según el ente acusador, representa para la investigación.

La delegada explicó que la detención domiciliaria limita principalmente la posibilidad de desplazarse, pero no impediría que el procesado utilice teléfonos, aplicaciones de mensajería o intermediarios para comunicarse.

La Fiscalía también señaló que Quintero no tenía un vínculo contractual formal con el Área Metropolitana y que, según las evidencias presentadas durante el proceso, habría tenido influencia en funcionarios y contratistas pese a no ocupar un cargo dentro de la entidad. En algunos chats, presuntamente era identificado con expresiones como “Mr. M” o “nuestro jefe”.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el control de la medida. Según la Fiscalía, el Inpec puede verificar que Quintero permanezca en la vivienda asignada, pero no tiene la misma capacidad para controlar sus comunicaciones, los contactos que pueda establecer o las personas que eventualmente ingresen al lugar.

Fiscalía también cuestiona la decisión por el monto del presunto detrimento

El ente acusador agregó un argumento jurídico para pedir que se revoque la detención domiciliaria.

Según su interpretación, el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal establece restricciones para conceder este beneficio en casos de peculado por apropiación cuando la cuantía supera los 50 salarios mínimos legales mensuales.

En este proceso, la Fiscalía calcula que el presunto detrimento relacionado con los seis contratos supera los $2.400 millones.

Área Metropolitana pidió cárcel para Sebastián Ortega

La apelación no solamente busca cambiar la medida impuesta a Miguel Quintero. El Área Metropolitana también solicitó que se revoque la libertad que el juez de primera instancia concedió a Sebastián Ortega Urán y que, en su lugar, se ordene su detención en establecimiento carcelario.

El representante de la entidad argumentó que el propio juzgado habría considerado que Ortega representa un riesgo para la comunidad, pero aun así decidió dejarlo en libertad con restricciones.

Para el Área Metropolitana, además, existe un posible riesgo de obstrucción a la justicia que no habría sido valorado de manera suficiente en la primera decisión.

La entidad sostuvo que Ortega habría tenido un papel directo en la recepción de los recursos que, según la investigación, correspondían a las presuntas coimas.

También planteó que tanto Ortega como Quintero habrían utilizado intermediarios para acercarse a personas consideradas testigos importantes dentro del proceso. Uno de los casos mencionados fue el de Misael Cadavid Jaramillo, quien, de acuerdo con la exposición del apoderado, habría recibido visitas de terceros con supuestos ofrecimientos económicos para guardar silencio o modificar sus declaraciones.

La defensa pide mantener las decisiones

Los abogados de Miguel Quintero y Sebastián Ortega rechazaron los argumentos expuestos por la Fiscalía y por el representante del Área Metropolitana.

La defensa pidió que se mantenga la decisión adoptada en primera instancia: que Quintero continúe con detención domiciliaria y que Ortega permanezca en libertad bajo las restricciones establecidas por el juez.

Ahora será un juez de circuito el encargado de resolver la apelación y determinar si mantiene o revoca las decisiones tomadas el pasado 2 de octubre.

Aunque legalmente la segunda instancia cuenta con un término para resolver el recurso, este tipo de trámites puede tardar más tiempo en la práctica.

¿De qué se acusa a Miguel Quintero?

El proceso está relacionado con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021, por un valor total de $17.656 millones.

La Fiscalía imputó a Miguel Quintero los delitos de presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. A Sebastián Ortega le fue imputado este último delito.

Según la investigación, de los contratos se habrían desviado alrededor de $2.481 millones mediante el supuesto pago de coimas. La Fiscalía sostiene que Miguel Quintero habría recibido $1.653 millones, mientras que a Sebastián Ortega le habrían correspondido $133 millones.

En el expediente también aparecen otros funcionarios y particulares vinculados a la investigación, entre ellos Álvaro Villada y Vanesa Álvarez.

Por ahora, ninguno de estos señalamientos constituye una condena. Será la justicia la que determine la responsabilidad de los procesados.