Cuenta oficial de X de Álvaro Leyva
La Fiscalía General de la Nación imputó al excanciller Álvaro Leyva Durán el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, debido a presuntas irregularidades en la licitación para la impresión de pasaportes en 2023. La audiencia se llevó a cabo este martes 9 de diciembre de 2025 ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde Leyva se declaró inocente y no aceptó los cargos.
Según la investigación, Leyva habría emitido actos administrativos contrarios a la ley durante el proceso de licitación pública 001 de 2023. Este concurso tenía como objeto la personalización, custodia, distribución y impresión de pasaportes, además de la entrega de etiquetas de visa. La Fiscalía destacó que, pese a que el trámite avanzaba de manera satisfactoria y existía un proponente habilitado, el excanciller intervino de forma directa para declarar desierta la licitación, cuando esta dependía de la Secretaría General de la Cancillería.
“Se utilizaron resoluciones carentes de sustento jurídico con el intento de generar una urgencia injustificada para contratar de manera directa,” señaló la fiscal a cargo. Añadió que las actuaciones de Leyva buscaban desviar y abusar del poder de su cargo, impidiendo la adjudicación del contrato a la firma ya evaluada, llamada Thomas Greg & Sons, que inicialmente había resultado beneficiada. La licitación tenía un valor superior a los 600.000 millones de pesos y los hechos ocurrieron desde septiembre de 2023, cuando se suspendió el proceso por orden del entonces canciller.
Previo a la imputación, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años a Leyva, considerando que su decisión infringió los principios de transparencia, economía y selección objetiva. En la audiencia virtual desde Madrid, Leyva dejó claro su rechazo a los cargos: “No acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”. Su defensa indicó que presentará las pruebas para impugnar cada señalamiento en los próximos avances del proceso.
El proceso penal inició en diciembre de 2023, a raíz de la decisión del excanciller que cuestionó este proceso contractual. Mientras avanza la investigación, la Fiscalía mantiene la alerta ante posibles acciones irregulares en futuras licitaciones relacionadas con documentos oficiales.
