Una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional llevó a cabo registros y allanamientos en tres cárceles de la región Caribe con el objetivo de localizar teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación que estarían siendo usados para coordinar extorsiones desde el interior de los centros penitenciarios.
Allanamientos en El Bosque, La Modelo y La Tramacúa
Los establecimientos penitenciarios intervenidos fueron El Bosque y La Modelo, ubicados en Barranquilla, así como La Tramacúa, en Valledupar. En cada cárcel, las diligencias se concentraron en dos patios específicos, seleccionados con base en información de inteligencia y reportes de casos de extorsión que habrían sido coordinados desde esos espacios.
Los funcionarios judiciales y policiales realizaron procedimientos de registro en pabellones previamente identificados para ubicar dispositivos tecnológicos y otros elementos asociados a actividades ilícitas. La intervención busca cortar los canales de comunicación empleados para contactar y presionar a víctimas en distintas zonas del país, así como avanzar en la identificación de las estructuras delictivas presuntamente responsables.
Objetivos y hallazgos preliminares del operativo
Según información oficial, los dispositivos incautados podrían ser clave para establecer el patrón de comunicación utilizado por los extorsionistas, identificar las rutas de contacto con las víctimas y documentar el posible rol de personas privadas de la libertad en la coordinación de estas conductas. La Fiscalía indicó que a partir del análisis técnico y forense de estos elementos se buscará determinar si en cada establecimiento opera una estructura organizada o si se trata de grupos independientes que aprovechan las falencias de control dentro de los penales.
Las autoridades explicaron que la operación forma parte de una estrategia dirigida a enfrentar las modalidades de extorsión carcelaria, fenómeno que ha sido objeto de reiteradas denuncias por parte de ciudadanos y autoridades locales. En anteriores procedimientos similares, se han incautado celulares, tarjetas SIM, listados de contactos y documentación que demuestran cómo grupos delincuenciales continúan delinquiendo desde las cárceles.
Coordinación institucional y medidas complementarias
La Policía Nacional destacó que estos operativos se realizan en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), como parte de una estrategia más amplia de control intramuros. Esta incluye la revisión de protocolos de seguridad, el reforzamiento de los filtros de ingreso a los centros penitenciarios y la implementación de tecnologías para bloquear señales no autorizadas.
En particular, en los penales de Barranquilla, la atención se centró en pabellones donde se identificó la presencia de internos vinculados a organizaciones criminales responsables de extorsiones a sectores económicos específicos. En La Tramacúa, el operativo se articuló con acciones dirigidas a reforzar el control sobre internos considerados de alta peligrosidad, buscando limitar estrictamente cualquier posibilidad de comunicación no autorizada con el exterior.
La Fiscalía General informó que los elementos incautados serán sometidos a análisis técnico para extraer información relevante como registros de llamadas, mensajes y contactos, que se integrarán a las investigaciones en curso. Estas pesquisas evalúan la participación tanto de internos como de familiares, cómplices externos y redes logísticas que facilitarían el ingreso y uso de dispositivos prohibidos dentro de las cárceles.
Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de delitos ante las líneas de atención correspondientes, destacando que la información ciudadana ha sido clave para focalizar los allanamientos en patios y celdas donde se sospecha la comisión reiterada de extorsiones.
Los resultados obtenidos en estos operativos se suman a otros esfuerzos institucionales para enfrentar la delincuencia organizada que opera desde los establecimientos penitenciarios. Tras concluir el análisis del material recopilado, se podrán adoptar nuevas decisiones judiciales como medidas de aseguramiento adicionales, reubicación de internos o apertura de nuevas líneas investigativas para desarticular completamente las estructuras detrás de estas comunicaciones extorsivas.
Por ahora, las investigaciones continúan abiertas y se mantendrán las acciones de registro y control en las cárceles del Caribe y otras regiones del país, con el propósito declarado de asegurar que las cárceles no sean plataformas para la continuidad delictiva sino espacios bajo control efectivo del Estado.
