El representante a la Cámara Daniel Briceño presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue a 74 personas que, según el congresista, habrían celebrado contratos con entidades del Estado pese a registrar sanciones o inhabilidades vigentes. El caso podría ser aún más delicado: Briceño asegura que en 42 de ellos se habrían presentado certificados en los que las restricciones no aparecían, pese a que sí figuraban en registros de la Procuraduría.

El representante pidió establecer si existieron irregularidades o posibles conductas delictivas en la contratación y determinar cómo personas que presuntamente estaban impedidas para contratar lograron superar los controles de las entidades públicas. La denuncia pone el foco no solo sobre los contratistas, sino sobre los mecanismos utilizados por las entidades para verificar antecedentes e inhabilidades antes de celebrar los contratos.

Entre los casos señalados por Briceño está el de Rubén Darío Díaz, a quien identificó como exprocurador provincial de Guateque. Según el congresista, Díaz estaría inhabilitado hasta 2031 y, pese a ello, habría suscrito tres contratos entre 2024 y 2026, incluido uno actualmente vigente con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. “Ese señor fue inhabilitado hasta el año 2031 y ha firmado tres contratos entre 2024 y 2026”, aseguró Briceño al presentar el caso.

Otro elemento que deberá esclarecer la Fiscalía es lo ocurrido con los 42 certificados que Briceño califica como falsos. De comprobarse que fueron alterados o utilizados deliberadamente para ocultar una inhabilidad, la investigación tendría que establecer quién los produjo, quién los presentó y qué controles realizaron las entidades contratantes antes de autorizar los respectivos contratos.

Por ahora se trata de una denuncia y no de una determinación de responsabilidad. La Fiscalía deberá decidir si existen elementos suficientes para abrir investigaciones y establecer qué ocurrió en cada uno de los 74 casos. También será clave conocer la respuesta de las entidades señaladas y, particularmente, de la JEP frente al contrato mencionado por el representante.