Jaime Andrés Uribe Tamayo renunció el viernes 13 de noviembre de 2026 a la gerencia del Fondo Milagro, entidad creada para administrar recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia. Su salida fue solicitada y aceptada durante la tarde por el presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario cuestionara los salarios asignados a los funcionarios y ordenara revisar la estructura administrativa y salarial de la entidad.
La controversia se originó tras la respuesta del Fondo Milagro a un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga. Según el documento, la nómina inicial de la entidad alcanzaba aproximadamente los 765,6 millones de pesos mensuales para 27 empleados, sin incluir prestaciones sociales.
Entre las remuneraciones reveladas figuraban pagos de entre 30 y 36 millones de pesos para varios directores y coordinadores. Uribe Tamayo, por su parte, tenía asignado un salario mensual de 39.441.454 pesos, una cifra superior a la remuneración de un ministro del Gobierno nacional.
“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. No los autorizo”, afirmó el presidente De la Espriella, de acuerdo con declaraciones difundidas por medios nacionales. El mandatario ordenó reversar los pagos y revisar la estructura salarial de la entidad, creada para canalizar recursos públicos hacia las comunidades afectadas por el sismo.
Tras la aceptación de su renuncia, Uribe defendió la gestión adelantada por el Fondo y señaló que su decisión buscaba preservar la institucionalidad, según declaraciones recogidas por Infobae. Hasta el momento, el Gobierno no había oficializado el nombre de su reemplazo, aunque anunció que lo designaría próximamente.
La salida del gerente deja pendiente la revisión de la planta de personal, los salarios y el funcionamiento administrativo del Fondo Milagro. También plantea interrogantes sobre la continuidad de los programas de reconstrucción financiados con recursos públicos para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
