Deicy Jiménez denunció que durante el gobierno de Gustavo Petro habría recibido propuestas de contratos estatales a cambio de servicios sexuales y aseguró que existiría una red de mujeres vinculadas mediante un mecanismo similar. Los señalamientos fueron publicados por la revista Semana el 25 de octubre de 2026 y, hasta ahora, no han sido comprobados judicialmente.

La denuncia se conoció pocos días después de que Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), anunciara ante la Comisión Segunda del Senado que presentaría denuncias por la presunta instrumentalización de 48 mujeres a través de órdenes de prestación de servicios (OPS) durante la administración de Petro.

Durante su intervención, el 21 de octubre, Ríos afirmó que varias mujeres estarían entregando testimonios y pruebas sobre el supuesto uso de contratos públicos para facilitar acercamientos con el entonces presidente. Sin embargo, no reveló los nombres de las presuntas afectadas ni presentó públicamente la totalidad de los documentos que permitirían verificar las acusaciones.

Según la versión divulgada por Semana, Jiménez sostuvo que Petro habría utilizado contratos estatales para facilitar encuentros sexuales. El medio señaló que revisó contratos que la denunciante tuvo en el Congreso, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. No obstante, presentó los hechos como una denuncia y no como conductas probadas.

El procurador general, Gregorio Eljach, afirmó el 23 de octubre que la Procuraduría apenas estaba conociendo la información. El funcionario indicó que la entidad todavía no contaba con nombres ni documentos suficientes para iniciar una actuación disciplinaria y que evaluará los elementos que sean entregados formalmente antes de decidir si abre una investigación.

Petro rechazó las acusaciones a través de su abogado, Alejandro Carranza, quien las calificó de falsas y absurdas. Hasta el momento, tampoco se ha confirmado públicamente que la denuncia anunciada por el Dapre haya derivado en una decisión judicial ni que exista una responsabilidad determinada contra el expresidente.