Juez de Puerto Asís suspende plan piloto de aspersión aérea con glufosinato en Putumayo
La medida provisional detiene la operación prevista por el Gobierno entre el 12 y el 17 de septiembre, mientras se revisan sus posibles efectos sobre la salud, el agua y el medio ambiente.
El Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís ordenó suspender temporalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio 200 SL que el Gobierno pretendía ejecutar en Putumayo para erradicar cultivos ilícitos.
La decisión fue adoptada el viernes 11 de septiembre de 2026, luego de que el despacho admitiera una acción de tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, representada por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, contra varias entidades del Gobierno nacional.
El piloto había sido autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes mediante la Resolución 7 de 2026 y respaldado operativamente por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El plan contemplaba la intervención de hasta 1.000 hectáreas durante un periodo máximo de siete días, bajo un esquema presentado por las autoridades como controlado, limitado, temporal y evaluable.
La operación estaba prevista entre el 12 y el 17 de septiembre en polígonos ubicados en el departamento de Putumayo. La ubicación exacta de esas áreas permanece reservada por razones de seguridad. La orden judicial cobija la aspersión aérea proyectada dentro de ese plan piloto en todo el territorio departamental.
El juez fundamentó la medida en la posible afectación de derechos fundamentales de las comunidades, entre ellos la salud, el acceso al agua y el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano. De acuerdo con la decisión, todavía no existiría información pública suficientemente clara sobre los impactos ambientales, sanitarios y sociales que podría generar la aplicación aérea del herbicida.
La tutela solicita que el Estado entregue estudios técnicos, ambientales y de riesgo relacionados con el uso del glufosinato de amonio y con las zonas seleccionadas para la operación. También plantea la necesidad de establecer qué comunidades podrían verse afectadas y cuáles son las medidas previstas para prevenir o reducir eventuales daños.
La suspensión tiene carácter provisional y cautelar. Por ahora, no elimina la Resolución 7 de 2026 ni deroga la política gubernamental de erradicación de cultivos ilícitos. Sin embargo, impide que el plan piloto se ejecute en Putumayo mientras el juzgado analiza de fondo si la operación cumple con las garantías constitucionales y con los estándares fijados por la Corte Constitucional para este tipo de intervenciones.
La decisión representa, por ahora, un freno a la estrategia antidrogas impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, en coordinación con el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Policía Antinarcóticos. El futuro del piloto dependerá de la información que presenten las entidades estatales y del pronunciamiento definitivo del juzgado.
