La Cancillería identificó 367 contratos con objetos contractuales idénticos en la contratación de la vigencia 2026 heredada del Gobierno de Gustavo Petro, tras revisar 811 procesos en Colombia luego del cambio de administración. El análisis, realizado sobre contratos por cerca de $92.846 millones, encontró diferencias de valor de hasta cuatro veces y un acuerdo por $2.839 millones con un plazo de ejecución de dos días. La entidad remitió 19 contratos, valorados en aproximadamente $100.164 millones, a la Contraloría para establecer si existen elementos que justifiquen una actuación de control fiscal, aunque aclaró que no hay un detrimento patrimonial probado.

Revisión encontró contratos con objetos repetidos

La revisión de la contratación comenzó después de la llegada de la nueva administración y hace parte de un proceso más amplio de verificación sobre los contratos recibidos del Gobierno anterior. De los 811 contratos examinados, 551 registraron actividades repetidas o altamente similares. Dentro de ese grupo, 367 presentaron objetos contractuales idénticos, pese a que fueron celebrados por valores diferentes.

Según el reporte divulgado por la entidad, en algunos casos la diferencia entre contratos con el mismo objeto llegó a ser de hasta cuatro veces. La Cancillería incluyó estos registros entre los hallazgos preliminares que requieren una revisión documental y técnica para determinar si las diferencias tienen una explicación contractual, operativa o presupuestal.

Entre los casos considerados atípicos aparece un contrato por $2.839 millones, cuyo plazo de ejecución era de apenas dos días. También fue identificado otro registro con un valor de cero pesos y una fecha de finalización que se extendía hasta 2028. La información disponible no establece, por ahora, que esos casos constituyan por sí mismos una conducta irregular o un daño a los recursos públicos.

19 contratos fueron enviados a la Contraloría

La Cancillería trasladó 19 contratos a la Contraloría General de la República para que el organismo determine si existen elementos que ameriten una actuación de control fiscal. El valor conjunto de esos procesos ronda los $100.164 millones, cifra que corresponde al monto de los contratos observados y no a un detrimento patrimonial establecido.

La entidad precisó que los hallazgos se encuentran en una etapa preliminar. Por esa razón, los responsables de los contratos pueden presentar explicaciones y ejercer su derecho de defensa antes de que se adopten decisiones definitivas. La remisión a la Contraloría tampoco implica que ya exista una conclusión sobre responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.

La Cancillería indicó que continuará con la revisión de los documentos y que, si se confirman nuevas posibles irregularidades, los expedientes podrán ser enviados a la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía, según la naturaleza de los hechos y las competencias de cada entidad.

Contratos se concentraron antes de las restricciones electorales

El análisis también examinó las fechas de suscripción. De acuerdo con el reporte, 227 contratos fueron firmados el 30 de enero de 2026, un día antes de la entrada en vigencia de las restricciones asociadas a la Ley de Garantías. Esos procesos sumaron $21.137 millones, equivalentes al 28,1 % de la contratación anual examinada.

Además, 101 contratos fueron suscritos durante fines de semana y el 53,4 % del valor de la contratación anual se concentró en las semanas previas al inicio de las restricciones electorales. La entidad incluyó esta concentración temporal entre los elementos que deben ser verificados, pero no señaló que la firma en esas fechas configure automáticamente una infracción.

Otro aspecto reportado fue la modalidad utilizada. El 99,6 % de los contratos revisados se tramitó mediante contratación directa, sin procesos competitivos de selección. Esta modalidad puede estar autorizada en determinadas circunstancias por la legislación colombiana, por lo que el porcentaje, de manera aislada, no demuestra una irregularidad. Sin embargo, será analizado junto con la repetición de objetos, las diferencias de valor y las fechas de suscripción.

La revisión hace parte de una auditoría más amplia

Los hallazgos de la Cancillería se conocen en medio de una revisión ordenada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para examinar la contratación recibida de la administración anterior. El presidente había anunciado auditorías forenses orientadas a identificar inconsistencias, faltantes, riesgos, posibles irregularidades y eventuales hechos de corrupción en distintas entidades estatales.

El proceso también incluyó al Ministerio de Igualdad, donde el Gobierno informó que examinó más de 60 contratos por cerca de $469.000 millones y anunció 13 denuncias por presuntas irregularidades. Por su parte, la Contraloría comunicó que revisaría tres contratos suscritos con la Cancillería, el Dapre e Inravisión, por aproximadamente $16.627 millones, ante posibles sobrecostos, duplicidades y pagos sin soporte.

Por ahora, la información divulgada corresponde a hallazgos preliminares de la Cancillería y no a decisiones definitivas de los organismos de control. La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de la revisión de los contratos, los soportes de ejecución, las explicaciones de los funcionarios y las conclusiones que adopten las autoridades competentes.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos contratos con objetos idénticos encontró la Cancillería?

La Cancillería identificó 367 contratos con objetos contractuales idénticos entre los 811 procesos revisados. Estos contratos sumaban cerca de $92.846 millones y presentaban diferencias de valor de hasta cuatro veces.

¿Qué ocurrió con los 19 contratos enviados a la Contraloría?

La Cancillería remitió 19 contratos, valorados en aproximadamente $100.164 millones, para que la Contraloría determine si existen elementos que ameriten una actuación de control fiscal. El traslado es preliminar y no significa que ya se haya probado un detrimento patrimonial o una responsabilidad.

¿Cuál fue el contrato más atípico identificado en la revisión?

Entre los casos reportados apareció un contrato por $2.839 millones con un plazo de ejecución de apenas dos días. La Cancillería también encontró un registro por cero pesos con fecha de finalización en 2028, aunque la información disponible no establece por sí sola una irregularidad.