«La Paz Total fracasó»: representante a la Cámara busca tumbar la ley y reactivar las órdenes de captura

"La Paz Total fracasó": representante a la Cámara busca tumbar la ley y reactivar las órdenes de captura

Foto cortesía Simón Molina
Modifican proyecto de “Paz Total” y solicitan remover beneficios a grupos criminales
El Congreso de la República recibió un proyecto para modificar la Ley 2272 de 2022, con el objetivo de eliminar facultades como la suspensión de órdenes de captura y beneficios judiciales a miembros de estructuras criminales. El iniciativa fue radicada por Simón Molina, actual vicepresidente primero de la Cámara de Representantes.

El articulado pretende que futuras aproximaciones del Estado a estos grupos solo se realicen bajo una ley de sometimiento, que incluya obligaciones relacionadas con la verdad, la reparación integral y penas de privación de la libertad. Entre las condiciones presentadas, se reactivarían las órdenes de captura y las medidas de aseguramiento suspendidas a miembros de estas estructuras. A nivel operativo, la reforma llega después de decisiones como la tomada el 28 de mayo de 2026, cuando la Fiscalía reactivó órdenes de captura contra siete presuntos cabecillas involucrados con la mesa de diálogo del Valle de Aburrá tras orientación del Consejo de Estado.

La Ley 2272 permite, mediante negociación, la suspensión de órdenes de captura contra grupos armados y bandas de alto impacto, aunque la Corte Constitucional condicionó este mecanismo a lineamientos legales claros dados por el Congreso, vinculando requisitos de verdad, reparación y no repetición. Sin embargo, el nuevo proyecto plantea derogar apartados de la norma para impedir suspensiones de procesos judiciales hacia miembros de estas organizaciones.

Durante sus debates en el legislativo, la política de “Paz Total” ha recibido continuas críticas de diferentes sectores, en especial por parte de legisladores de oposición y analistas, quienes han señalado resultados no favorables en temas de seguridad. De manera simultánea, la Fiscalía y entes oficiales han implementado ajustes jurídicos sobre los diálogos en desarrollo.

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