El Ministerio Público pidió al juez acoger la solicitud de las víctimas para imponerles medida de aseguramiento intramural. Los abogados de los procesados tendrán ahora la palabra.

La solicitud de cárcel contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega sumó este lunes un nuevo respaldo dentro de la audiencia que se adelanta por las presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Bomberos de Itagüí.

El delegado de la Procuraduría, José Luis Ochoa, intervino ante el Juzgado 27 Penal de Medellín y manifestó su respaldo a la petición formulada por el representante de las víctimas para que ambos procesados sean enviados a prisión mientras avanza el proceso.

Ochoa hizo un recuento de los argumentos expuestos previamente por la Fiscalía y por el abogado del AMVA y concluyó solicitando que se acogiera la petición de las víctimas.

La decisión está ahora en manos del juez

Con la intervención del Ministerio Público, el turno pasó a los abogados defensores de Miguel Quintero y Sebastián Ortega, quienes deberán controvertir los argumentos utilizados para solicitar la medida de aseguramiento.

La discusión no corresponde a una condena. El juez deberá determinar si existen razones legales para imponer una medida de detención preventiva y si esta debe cumplirse en un establecimiento carcelario.

La Fiscalía solicitó cárcel para Miguel Quintero, mientras que el representante de víctimas pidió la misma medida para Quintero y Ortega.

¿Por qué están pidiendo la cárcel?

Durante las sesiones anteriores, la Fiscalía y el abogado del AMVA expusieron diferentes argumentos relacionados con la necesidad de mantener a los procesados privados de la libertad.

Entre ellos aparecen los posibles riesgos de obstrucción de la justicia, presión sobre testigos y eventual no comparecencia al proceso. En el caso de Sebastián Ortega, la representación de víctimas también planteó argumentos relacionados con su capacidad económica y movilidad, según lo expuesto en audiencia.

Uno de los puntos centrales ha sido la situación de Misael Cadavid, exrepresentante legal de Bomberos de Itagüí y uno de los testigos relevantes de la investigación.

El abogado del AMVA sostuvo que existirían actuaciones dirigidas a afectar a testigos del proceso. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis de la representación de víctimas y deberán ser controvertidas por las defensas.

¿Qué sigue?

Después de la intervención de la Procuraduría, los abogados de Miguel Quintero y Sebastián Ortega tendrán que presentar sus argumentos ante el juez.

Luego de escuchar a todas las partes, el Juzgado 27 Penal de Medellín deberá decidir si impone o no la medida de aseguramiento solicitada.

Así, el proceso entra en una de sus etapas más relevantes: la Procuraduría respaldó el pedido de cárcel, pero la última palabra sobre la medida cautelar la tendrá el juez.