La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con apoyo de la DEA, desmantelaron una presunta organización criminal que habría incorporado a la economía legal más de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico. La estructura utilizaba empresas fachada, transacciones internacionales y operaciones con criptomonedas, especialmente USDT, para mover los recursos ilícitos e invertirlos en inmuebles y vehículos de alta gama. Cinco personas fueron capturadas y 36 bienes, valorados en más de 10,2 millones de dólares, quedaron cobijados con medidas cautelares de extinción de dominio.

Empresas fachada y operaciones con USDT

La investigación fue liderada por la Delegada para las Finanzas Criminales y por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio. Según la información oficial, el entramado habría operado entre 2018 y 2026 mediante la creación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio.

Las empresas estaban registradas para desarrollar actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros. Sin embargo, varias presentarían escasa o inexistente actividad económica, además de inconsistencias entre sus estados financieros y los movimientos bancarios registrados.

Los investigadores también identificaron sociedades sin infraestructura ni personal suficiente para cumplir con las actividades descritas en sus objetos sociales. Algunas compartían domicilios o funcionaban en sedes sin capacidad técnica, mientras sus cuentas registraban operaciones de alto valor y transacciones cruzadas entre compañías del mismo conglomerado.

Otra de las vías presuntamente utilizadas para movilizar el dinero fue el mercado de activos virtuales. La Fiscalía detectó transferencias millonarias en USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC. Las autoridades describieron el caso como uno de los principales criptolavaderos detectados en el país.

Así habría funcionado la estructura criminal

De acuerdo con la investigación, los recursos ingresaban a Colombia mediante el sistema financiero o a través de activos virtuales. Después eran dispersados, monetizados y retirados con rapidez para convertirlos en efectivo. Parte del dinero habría sido destinada a la compra de propiedades y automotores de alta gama, así como a la creación y sostenimiento de nuevas sociedades.

Con estas maniobras, la organización habría completado las etapas de colocación, estratificación e integración propias del lavado de activos. Las operaciones bancarias y virtuales permitían ocultar el origen de los fondos, mientras que las inversiones en bienes y empresas les daban una apariencia de legalidad.

El seguimiento financiero permitió establecer presuntos roles dentro de la organización. Hugo Daniel Giraldo Santamaría fue identificado como el supuesto cabecilla y articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos. Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría vinculada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el control del conglomerado societario.

Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales. Entre tanto, Johan Mateo Ruiz Orijhuela estaría relacionado con el uso de billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y conversión de los recursos. Luis Andrés Ospina Ochoa habría sido el encargado de dar tránsito y mantener ocultos los fondos a través de las sociedades investigadas.

Capturas y bienes afectados con extinción de dominio

Las cinco personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico. El operativo fue ejecutado por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y la Policía Nacional, con el respaldo de la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Durante los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, además de otros elementos considerados de interés para el avance de las investigaciones penales.

En paralelo, tres inmuebles ubicados en Envigado, Antioquia, y Barranquilla fueron ocupados con fines de comiso. Estos bienes están valorados en cerca de 2.500 millones de pesos, según la información entregada por las autoridades.

Adicionalmente, se decretaron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado. El conjunto está integrado por cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares.

Los bienes quedaron vinculados a un proceso de extinción de dominio, mecanismo mediante el cual el Estado puede afectar activos cuyo origen o destinación estén relacionados con actividades ilícitas. El caso evidencia el uso de empresas sin capacidad operativa, operaciones bancarias de alto valor y criptomonedas para mover recursos asociados presuntamente al narcotráfico. La cooperación entre la Fiscalía, la Policía y la DEA permitió seguir el rastro de las transacciones, identificar conexiones con organizaciones sancionadas por OFAC y avanzar en la judicialización de los presuntos responsables.