El Ejército Nacional informó que inutilizó maquinaria empleada presuntamente en la extracción ilegal de oro en Bocas del Palo, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, durante una operación reportada por la Tercera Brigada. La intervención fue ejecutada por soldados del Batallón de Infantería N.° 8 y, según las autoridades, habría afectado las finanzas de la columna Ricardo Velásquez, vinculada al GAO-r Jaime Martínez. El material intervenido tendría un valor comercial cercano a 300 millones de pesos, mientras que la actividad minera podría dejar de generar alrededor de 2.250 millones de pesos mensuales para esa estructura armada.

Maquinaria intervenida en Bocas del Palo

El procedimiento militar se desarrolló en el corregimiento Bocas del Palo, un sector rural de Jamundí incluido en la ofensiva de la Fuerza Pública contra las economías ilícitas. De acuerdo con el reporte entregado por la Tercera Brigada y citado por medios de comunicación, las tropas inutilizaron tres dragas artesanales tipo buzo, tres clasificadoras, once motores industriales y otros elementos utilizados presuntamente para adelantar labores de extracción aurífera.

La institución calculó que los equipos tenían un valor comercial aproximado de 300 millones de pesos. Esta cifra corresponde al avalúo estimado de la maquinaria y no debe confundirse con la renta que, según el Ejército, produciría la explotación ilegal de oro en el lugar.

La operación fue atribuida militarmente a una afectación contra la columna Ricardo Velásquez, estructura que, de acuerdo con las autoridades, pertenece al grupo armado organizado residual Jaime Martínez. La información disponible no reporta capturas, combates ni judicializaciones relacionadas con este procedimiento.

La renta mensual que calculó el Ejército

Según la Tercera Brigada, el complejo minero intervenido tendría capacidad para extraer cerca de 4.500 gramos de oro al mes. La institución valoró esa producción en aproximadamente 2.250 millones de pesos mensuales y señaló que esos recursos presuntamente ingresarían a las finanzas de la estructura armada.

El cálculo implica una proyección cercana a 27.000 millones de pesos en un año si la producción y el precio estimados se mantuvieran durante 12 meses. Sin embargo, esa cifra anual es una conversión matemática de la estimación mensual y no corresponde a una producción oficialmente auditada. Los reportes conocidos tampoco precisan el método utilizado para establecer el volumen de oro ni el precio de referencia aplicado.

Por esa razón, las cifras deben presentarse como una estimación oficial atribuida al Ejército y no como un hecho judicialmente establecido. La información militar permite diferenciar entre el valor comercial de la maquinaria, calculado en 300 millones de pesos, y los ingresos mensuales que presuntamente produciría la actividad minera ilegal.

Impacto ambiental y contexto territorial

Además del componente financiero, el Ejército indicó que la intervención busca reducir los daños ambientales asociados con la minería ilegal. Entre las afectaciones señaladas se encuentran la contaminación de fuentes hídricas, la deforestación y la remoción del suelo, impactos que pueden alterar los ecosistemas y afectar a las comunidades cercanas a las zonas de explotación.

La operación se enmarca en las acciones de la Fuerza Pública contra las economías ilícitas que financian a las disidencias en el suroccidente del país. Reportes periodísticos han descrito a Jamundí y a otros territorios cercanos como un corredor estratégico hacia el Pacífico, donde confluyen disputas por el control territorial y actividades como el narcotráfico, la extorsión y la minería de oro.

En agosto, según reportes periodísticos, el Ejército habría intervenido otras dos unidades de producción minera en el mismo sector. En ese antecedente, la institución calculó una capacidad de extracción cercana a 3.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a unos 1.500 millones de pesos, también de acuerdo con sus propias estimaciones.

La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la relación entre las disputas territoriales de grupos armados y el control de economías ilícitas en municipios del Valle del Cauca conectados con Jamundí. Para este caso específico, no obstante, la atribución de la renta minera, la capacidad de producción y la relación con la columna Ricardo Velásquez provienen de la información entregada por la Tercera Brigada y citada por medios de comunicación.

Con la inutilización de los equipos, las autoridades reportaron una afectación a un complejo minero específico y a una fuente de financiación presuntamente vinculada al GAO-r Jaime Martínez. El Ejército no afirmó que la operación hubiera desmantelado por completo la minería ilegal en Bocas del Palo, por lo que el alcance del resultado debe entenderse como una intervención puntual dentro de una ofensiva más amplia contra las economías ilícitas.

Preguntas frecuentes

¿Qué maquinaria fue intervenida en Bocas del Palo, Jamundí?

El Ejército reportó la inutilización de tres dragas artesanales tipo buzo, tres clasificadoras y once motores industriales, además de otros elementos. La maquinaria tendría un valor comercial aproximado de 300 millones de pesos.

¿Cuánto dinero dejaría de recibir la estructura armada por la operación?

Según la Tercera Brigada, la minería ilegal podría dejar de generar cerca de 2.250 millones de pesos mensuales para la columna Ricardo Velásquez, vinculada al GAO-r Jaime Martínez. Esta cifra es una estimación oficial y no una renta establecida judicialmente.

¿Qué impactos ambientales se atribuyen a la minería ilegal en Jamundí?

El Ejército señaló posibles daños como contaminación de fuentes hídricas, deforestación y remoción del suelo. Estas afectaciones pueden alterar los ecosistemas y perjudicar a las comunidades cercanas a las zonas de explotación.