El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado a los participantes de las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre en Colombia para que las manifestaciones transcurran de manera pacífica y respeten los derechos de quienes no participan en ellas.

El jefe del Ministerio Público recordó que la protesta social es un derecho protegido por la Constitución y la ley, pero advirtió que su ejercicio no es absoluto y debe ajustarse a las normas vigentes. Su pronunciamiento se conoce en medio de la jornada de movilizaciones contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y de la controversia por las nuevas reglas para la intervención policial durante las manifestaciones.

«Sin embargo, no es un derecho absoluto, tiene límites, los que señalan la misma Constitución, las leyes y los reglamentos», manifestó Eljach.

Eljach advierte sobre las facultades del presidente para restablecer el orden público

El procurador también se refirió a las responsabilidades del presidente de la República frente a eventuales alteraciones del orden público. Según explicó, el jefe de Estado cuenta con facultades constitucionales y legales para actuar cuando se presenten situaciones que perturben la tranquilidad pública.

«El presidente de la República, como cabeza del orden público, está investido de la autoridad necesaria para restablecer el orden público cuando este sea perturbado», afirmó.

El pronunciamiento no constituye el anuncio de una operación específica contra los manifestantes. Se trata de un llamado institucional para que las movilizaciones se desarrollen dentro de los límites legales y sin hechos de violencia.

Eljach pidió tranquilidad a las organizaciones sindicales, docentes, estudiantiles, políticas y sociales que participan en las concentraciones, e insistió en la importancia de proteger tanto el derecho a la protesta como los derechos de los demás ciudadanos.

Decreto 1525: las nuevas reglas para la intervención de la Policía

La jornada se desarrolla bajo las disposiciones del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, expedido por el Gobierno para modificar el protocolo de actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas.

La norma establece que, ante hechos violentos, la Policía puede intervenir de manera focalizada contra las personas responsables sin tener que esperar a que termine el diálogo con el conjunto de los manifestantes. También contempla mecanismos de coordinación institucional y corredores solidarios para facilitar el paso de ambulancias, misiones médicas, organismos de socorro y el transporte de medicamentos y alimentos esenciales.

Entre las situaciones que pueden motivar una intervención están las agresiones contra personas, el uso de armas o artefactos incendiarios, la retención de ciudadanos contra su voluntad y los daños a bienes e infraestructura.

El decreto también plantea una actuación gradual de las autoridades y exige dejar constancia de las decisiones adoptadas en el Puesto de Mando Unificado, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma.

Controversia por el alcance del nuevo decreto

La expedición de la norma ha generado cuestionamientos de sectores políticos y expertos que advierten posibles problemas jurídicos relacionados con la regulación del derecho fundamental a la protesta. Una de las discusiones se centra en si algunos de los cambios introducidos por decreto corresponden a materias que requieren una ley estatutaria.

Mientras el Gobierno sostiene que las nuevas reglas buscan proteger a la ciudadanía y garantizar el desarrollo de las actividades esenciales, sus críticos expresan preocupación por el alcance de las facultades policiales y las garantías para quienes se manifiestan pacíficamente.

El desafío para las autoridades durante la jornada consiste en garantizar el derecho a la protesta y, al mismo tiempo, responder ante conductas violentas con medidas ajustadas a los principios de necesidad y proporcionalidad.

¿Hay presencia de la Primera Línea en las marchas?

En medio del debate sobre el orden público, también han surgido interrogantes sobre una eventual participación de integrantes de la llamada Primera Línea, asociada a algunos de los episodios de confrontación registrados durante las protestas de años anteriores.

Sin embargo, no existe confirmación pública suficiente para afirmar que este colectivo esté participando de manera organizada en las movilizaciones del 14 de octubre. Cualquier señalamiento de esa naturaleza debe sustentarse en información verificable de las autoridades o en registros cuyo contexto e identidad puedan comprobarse.

La participación de encapuchados, por sí sola, tampoco permite establecer que pertenezcan a la Primera Línea.

La jornada se convierte así en una prueba para la aplicación de las nuevas disposiciones sobre protesta social y para la capacidad de las autoridades de garantizar las libertades ciudadanas sin permitir agresiones ni afectaciones injustificadas a terceros.

Preguntas frecuentes

¿Qué dijo el procurador Gregorio Eljach sobre las marchas del 14 de octubre?

Gregorio Eljach recordó que la protesta social es un derecho protegido por la Constitución y la ley, pero que tiene límites. También pidió que las movilizaciones sean pacíficas y respeten los derechos de quienes no participan.

¿Qué establece el Decreto 1525 sobre la intervención de la Policía en las manifestaciones?

El Decreto 1525 permite una intervención policial focalizada contra quienes incurran en hechos violentos, sin esperar a que termine el diálogo con todos los manifestantes. La norma también contempla corredores solidarios y exige registrar las decisiones en el Puesto de Mando Unificado.

¿Está confirmada la presencia de la Primera Línea en las marchas del 14 de octubre?

No existe confirmación pública suficiente para afirmar que la Primera Línea participe de manera organizada en las movilizaciones. La presencia de personas encapuchadas, por sí sola, no demuestra que pertenezcan a ese colectivo.