El estatuto de Abelardo crea una lista nacional de organizaciones terroristas, endurece las penas y permite congelar activos
Transportar, financiar o prestar apoyo logístico a una organización clasificada como terrorista podría costar entre 13 y 22 años de cárcel. Esa es una de las disposiciones más polémicas del Estatuto Antiterrorista preparado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
El proyecto busca perseguir no solamente a quienes ejecuten atentados, sino también a quienes sostengan las estructuras criminales desde la logística, las finanzas o el suministro de bienes. Proporcionar servicios esenciales, incluido el transporte, podría elevar la condena hasta los 33 años.
El borrador también castiga con hasta 30 años la fabricación, compra o transporte ilegal de drones destinados a actividades criminales. Organizar su utilización tendría penas de ocho a 16 años y ofrecerlos para ejecutar ataques podría significar entre diez y 20 años de prisión. No sería necesario que el atentado se consumara: el intento también tendría consecuencias penales.
Otro de los puntos fuertes es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una especie de lista colombiana inspirada en mecanismos internacionales. El Consejo de Seguridad Nacional decidiría quién ingresa, tras recibir una recomendación técnica.
La inclusión produciría efectos inmediatos: congelamiento de fondos y activos, restricciones para contratar con el Estado y pérdida del acceso a subsidios, programas y recursos públicos. También se crearía un alto comisionado contra el terrorismo y un régimen carcelario de máxima restricción para cabecillas y financiadores.
“Una organización que cometa actos terroristas, como lanzar granadas, utilizar drones o sembrar minas, debe ser tratada como tal”, explicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, al defender la propuesta.
La oposición advierte que expresiones amplias como “colaboración intelectual” o la posibilidad de sancionar determinadas asonadas podrían abrir la puerta a excesos. El senador Iván Cepeda considera que una definición genérica permitiría confundir actos de protesta con acciones terroristas. Lara sostiene, en contraste, que el estatuto no está dirigido contra la población civil.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la “lista De La Espriella” o Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas?
Es una lista nacional propuesta para clasificar organizaciones y actores terroristas en Colombia. El Consejo de Seguridad Nacional decidiría las inclusiones con base en una recomendación técnica.
¿Qué consecuencias tendría ingresar a la lista nacional de organizaciones terroristas?
La inclusión podría generar el congelamiento de fondos y activos, restricciones para contratar con el Estado y la pérdida de acceso a subsidios, programas y recursos públicos. El proyecto también contempla un régimen carcelario de máxima restricción para cabecillas y financiadores.
¿Qué penas contempla el Estatuto Antiterrorista para apoyar actividades terroristas?
Transportar, financiar o prestar apoyo logístico a una organización clasificada como terrorista podría tener penas de entre 13 y 22 años de cárcel, mientras que proporcionar servicios esenciales podría elevar la condena hasta 33 años. La fabricación, compra o transporte ilegal de drones destinados a actividades criminales podría castigarse con hasta 30 años de prisión.
